Ramón Pérez Fermín
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En el último medio siglo, las remesas han significado para gran parte de las economías latinoamericanas mucho más que ayuda familiar; por su peso específico e impacto, han incentivado una parte importante de la expansión de nuestro crecimiento económico.
En función de los flujos que se cuantifican en la región —entre un 2 % y un 4 % del PIB en promedio—, estimulados principalmente por las naciones centroamericanas, cuyos umbrales exceden en algunos casos el 25 % del producto interno bruto, lo cierto es que, a partir de esta realidad, limitar dichos aportes únicamente a la solidaridad de la diáspora parecería insuficiente.
Por ello, debemos crear espacios que canalicen proporcionalmente la generosidad manifiesta de la comunidad radicada en el exterior hacia instrumentos de rendimiento de capital mobiliario eventualmente competitivos, que a su vez se constituyan como capital fresco de apoyo para nuestro tejido productivo nacional en todos sus tramos. Es una evidente simbiosis que no se puede procastinar.
Dicho esto, se puede inferir que el problema no radica en el volumen de divisas que recibe la economía dominicana, sino en la baja intermediación de esos recursos. Una fracción importante de las remesas termina destinada al gasto corriente, al ahorro pasivo o a la inversión informal, sin generar profundidad financiera ni expansión sostenida del mercado de capitales.
El reto consiste en redibujar el destino final de dichos recursos y, claro está, realizar los ajustes necesarios en materia regulatoria, destacándose con mayor criticidad los mecanismos de KYC y sus debidos controles.
El principal obstáculo no lo constituye lo institucional; más bien pasa por la audacia de un nuevo diseño financiero y por la transformación del paradigma cultural de inversión, lo que consecuentemente desembocaría en las actualizaciones normativas pertinentes.
La madurez lógica de nuestro mercado conduce a convertir una parte de ese capital en apuesta financiera a corto, mediano y largo plazo, a través de instrumentos regulados por la SIMV, vinculados a sectores estratégicos como la infraestructura, la energía, el turismo, el desarrollo inmobiliario y las mipymes, por mencionar algunos rubros, en vez de limitar dichos recursos al financiamiento del consumo.
Hoy día no parece lógico dejar escapar este nicho y, de paso, perder la oportunidad de vincular parte de esos aportes con instrumentos de inversión que exhiban mayores umbrales de rentabilidad e impacto social, mediante emisiones corporativas o fideicomisos generadores de rendimiento y acumulación patrimonial.
Y es que, como consecuencia, se agregaría valor relevante a la economía dominicana, se dotaría a nuestro mercado de mayor liquidez y se ampliaría el universo de empresas que puedan acceder a recursos con mayor competitividad, sin que ello implique una reducción de la fuente crediticia primaria: la banca tradicional. Se trata, pues, de una coexistencia biunívoca.
No luce desdeñable que podamos replicar modelos como el de Israel y sus famosos diáspora bonds, donde, al final del recorrido, el apoyo de nuestros compatriotas en el extranjero se traduzca en el desarrollo de infraestructura nacional o en el acceso al crédito en mejores condiciones para las pequeñas empresas.
Este es, sin dudas, el próximo paso relevante del sistema financiero dominicano; movernos en la dirección adecuada y dejar de ser únicamente una gran vasija receptora de remesas para emprender la ruta de la intermediación eficiente de estos recursos.
Nuestra diáspora viene aportando desde hace décadas una parte significativa de las divisas que ingresan a nuestra economía, y por ello resulta tan interesante como lógico convertirla también en partícipe, como inversionista, del desarrollo económico nacional y sus beneficios.