El conflicto judicial relacionado con el proyecto del Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB) quedó recogido en una nueva publicación académica titulada Análisis doctrinal de la solución jurisprudencial de un conflicto aeroportuario, que reúne las principales sentencias del proceso y estudios de Rafael Dickson Morales, Carlos González y Javier Barnes.
El análisis se concentra en el litigio entre el Consejo de Defensa del AIB y el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), considerado por los autores como uno de los casos administrativos de mayor relevancia para el sector aeronáutico dominicano.
La publicación fue presentada por Diego González, presidente de la Asociación Mundial de Derecho Aeroportuario (WALA), y Jaime Rodríguez-Arana, presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. El volumen cuenta además con un prólogo del jurista brasileño Augusto Neves dal Pozo.
González asegura que el principal aporte de la publicación consiste en desmontar la idea de que exista un modelo ideal de administración aeroportuaria. A su juicio, los esquemas públicos, privados o mixtos pueden resultar viables cuando se desarrollan dentro del marco legal, con eficiencia operativa, calidad de servicio y garantías de seguridad.
“La discusión no debe ser quién es el propietario del aeropuerto, sino cómo se administra”, señaló, al explicar que tanto los modelos públicos como los privados pueden resultar exitosos siempre que operen dentro del marco legal y garanticen seguridad, eficiencia y calidad del servicio.
Por su parte, Rodríguez-Arana señaló que un aeropuerto concentra normas de derecho público y privado, al involucrar contratos, regulación económica, migración, sanidad, servicios públicos y planificación territorial.
El caso se originó en 2020, cuando el proyecto recibió autorizaciones para iniciar su desarrollo. Más adelante, el IDAC promovió la declaración de lesividad de esos actos al considerar que el procedimiento contenía irregularidades y que la autorización de un nuevo aeropuerto correspondía al organismo competente de la aviación civil.
Después de varios años de litigio, el Tribunal Constitucional consolidó en 2025 las actuaciones administrativas que impidieron la ejecución del proyecto. Para los autores, esa decisión convirtió el expediente en un precedente útil para entender cómo funcionan los límites legales de las autorizaciones públicas en obras de alto impacto económico y territorial.