El reglamento de la JCE que establece el procedimiento para el registro de las firmas o empresas encuestadoras y la publicación de encuestas en materia electoral, ha generado opiniones en favor y otras en contra de los sectores políticos.
La entidad Justicia sin Frontera sometió ante el Tribunal Superior Electoral un recurso que busca anular la resolución de la Junta Central Electoral (JCE) que limita la difusión de encuestas que midan el posicionamiento electoral fuera del plazo de la precampaña y la campaña electoral.
La entidad sostiene que la JCE se extralimitó en su potestad reglamentaria. “Bajo el aparente propósito de reglamentar aspectos técnicos relativos al registro y funcionamiento de firmas encuestadoras, procedió materialmente a instaurar una prohibición general abstracta y anticipada respecto de la publicación y difusión de encuestas con fines electorales fuera del periodo formal de la precampaña y campaña electoral”, afirman los accionantes.
Aseguran que esa actuación desborda claramente la función reglamentaria conocida en el artículo 212 de la Constitución dominicana.
“La potestad reglamentaria existe para ejecutar y desarrollar la ley, jamás para sustituirla, ampliarla o corregirla, por lo que con su accionar, la administración electoral, mediante el reglamento recurrido, creó una restricción normativa autónoma no prevista por el legislador y se arrogó facultades materialmente legislativas incompatibles con le principio de separación de los poderes, y con la supremacía de la ley formal emanada del Congreso”, sostiene la instancia depositada en la corte electoral.
Justicia sin frontera también depositó un recurso de medida cautelar de extrema urgencia para la JCE suspenda la aplicación de la medida mientras el TSE falla sobre la nulidad o no del referido reglamento.
Entre los argumentos de la JCE para tomar la decisión figuran que tiene la responsabilidad de velar por un proceso electoral con mayor equidad, transparencia e integridad de los procesos electorales.
La decisión de la JCE ha provocado críticas a favor y en contra de la medida.
Entre las instituciones que han criticado la decisión figuran la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y la Asociación Dominicana de Empresas de investigación de Mercadeo y Opinión Pública (Adeimo).
Esa última entidad señala que las encuestas no son publicidad electoral como establece el reglamento de la JCE. “Las encuestas son un instrumento científico de medición social, reflejan la opinión de la ciudadanía sobre asuntos de relevancia colectiva, orientan políticas públicas y permiten a la sociedad conocer su propio estado de opinión, regularlas como si fueran propaganda distorsionan su naturaleza y su función democrática”, opina Adeimo.
La entidad se mostró de acuerdo a la regulación para fortalecer y transparentar la metodología, exigir la divulgación de los patrocinadores, garantizar la trazabilidad técnica y promovoer las buenas prácticas profesionales.
De su lado, la Finjus pidió a la JCE reconsiderar la decisión al considerar que ha ido más allá de lo permitido por el artículo 212 de la Constitución. Sin embargo, ponderó el prestigio de la JCE y la llamó a evitar que el debate del reglamento sobre las encuestas electorales se convierta en un cuestionamiento innecesario al órgano por su relevancia para la democracia.
La JCE consultó partidos para el reglamento
La mayoría de los partidos políticos han respaldado la decisión de la JCE de regular la publicación de encuestas fuera del periodo oficial de la precampaña y de la campaña alectoral. Las organizaciones emitieron sus consideraciones de apoyo durante una audiencia en junio del pasado año y lo propio han hecho luego de la publicación de la normativa. El PLD criticó que la JCE haya tomado la decisión en el actual contexto.