La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional reinstaló este 21 de julio de 2026 la sesión para concluir la fase de pruebas y alegatos en el juicio político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. La sesión, que contó con la presencia de 10 asambleístas, se centró en las exposiciones finales de los interpelantes y la defensa técnica.
Alegatos finales de los proponentes
El asambleísta proponente Lenin Barreto, señaló un perjuicio económico superior a los USD 2,000 millones para el sector productivo y la pérdida de 250.000 empleos debido a los cortes de luz de 14 horas diarias. Barreto sostuvo que Manzano omitió su deber de supervisión en los contratos con la empresa Austral Technical Management (ATM).
Además, se denunció que el 14 de mayo de 2025, un delegado de la ministra fue informado de que 32 de las 48 unidades de generación entregadas por ATM operaban a 50 Hz, una frecuencia incompatible con el sistema ecuatoriano que funciona a 60 Hz. A pesar de esta alerta técnica, se habrían realizado pagos adicionales por más de 71 millones de dólares.
Según la acusación, bajo la administración de Manzano se realizó un primer desembolso de aproximadamente USD 53 millones a ATM el 10 de octubre de 2024, apenas un día después de que ella asumiera el cargo. Además, se resaltaron audios filtrados en medios de comunicación que sugerirían una coordinación entre la exministra y Diana Jácome para eludir la fiscalización.
Para los proponentes, la responsabilidad política de Manzano está configurada por el incumplimiento de los artículos 154 y 233 de la Constitución, referidos a la rectoría de políticas públicas y la responsabilidad por omisión en supervisión de contratos.
Argumentos de la defensa de Inés Manzano
Por su parte, la defensa técnica liderada por el abogado Ismael Quintana centró su alegato en desmentir la responsabilidad de Manzano sobre los pagos cuestionados. Quintana presentó pruebas de oficio que certifican que la orden de pago del polémico 60% a ATM fue emitida el 9 de octubre de 2024 a las 4:39 a.m., horas antes de que Manzano fuera designada oficialmente como ministra, y que el documento fue suscrito por funcionarios de Celec EP, no por ella.
Asimismo, la defensa solicitó excluir el testimonio del periodista Álvaro Martín Espinoza, rendido el día anterior, argumentando que carece de acreditación pericial y técnica en contratación pública.
Quintana subrayó que fue la propia Manzano la que solicitó exámenes especiales a la Contraloría y denunció ante la Fiscalía presuntos delitos de delincuencia organizada relacionados con estos contratos. Respecto a la imposibilidad de terminar los contratos, la defensa invocó la Cláusula 19, que obligaba a un proceso de arbitraje previo a cualquier terminación unilateral.
Intervención de Inés Manzano
La exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, presentó sus alegatos finales. Durante su intervención telemática, la exfuncionaria defendió su gestión asegurando que su labor se centró en mitigar una emergencia energética sin precedentes heredada de administraciones anteriores.
Manzano inició su discurso enfatizando que su designación fue para enfrentar un déficit de 1.800 MW y una sequía histórica. “No me llamaron para crear una crisis, me llamaron para enfrentar la peor crisis energética”, manifestó al justificar las acciones tomadas bajo su mando.
Respecto al polémico memorando de abril de 2024, que los interpelantes señalan como prueba de su responsabilidad en la supervisión de contratos, Manzano aclaró que se trató de una instrucción excepcional vinculada estrictamente al marco de la emergencia declarada, la cual ella misma dejó sin efecto en agosto de 2025.
De igual modo, la exministra sostuvo que, según el artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la responsabilidad de los procesos recae exclusivamente en el gerente general de Celec EP y no en la máxima autoridad ministerial. “Uno no adquiere responsabilidades por proximidad, sino por expresa competencia legal”, sentenció.
Frente a las acusaciones de omisión en el contrato con la empresa ATM, Manzano afirmó que sí existió una estrategia legal liderada por la institucionalidad. Explicó que Celec procedió con el cobro de multas y buscó la terminación unilateral, pero que dicho proceso fue frenado temporalmente por un arbitraje de emergencia interpuesto por la contratista en agosto de 2025.
Manzano concluyó informando que las medidas cautelares dictadas en el arbitraje ya han sido levantadas, lo que permite actualmente a Celec cobrar las multas pendientes y ejecutar las garantías contra ATM. Tras su intervención, la sesión fue clausurada a las 17:37, quedando el informe final en manos de la comisión.
Radio Pichincha
LV