Un escándalo de proporciones sacude a Chile tras revelarse que decenas de niños y adolescentes haitianos ingresaron al país en 2025 mediante vuelos chárter, amparados bajo la figura de “reunificación familiar”, pero acompañados por 12 “tutores legales” con los que no compartían lazos de sangre. El caso, que involucra a múltiples instituciones del Estado, ha encendido las alarmas por el paradero desconocido de la mayoría de los menores.
La investigación, abierta el lunes pasado por el Ministerio Público, surgió a raíz de una denuncia del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), basada en un informe de la Contraloría General de la República (CGR). El organismo detectó que “cientos de menores de edad habrían ingresado al país acompañados por adultos en vuelos chárter autorizados por la Dirección General de la Aeronáutica Civil (DGAC)”, sin que se verificara su relación durante el viaje ni al momento de la entrada a territorio chileno.
Las autoridades involucradas van desde el Gobierno central hasta la Subsecretaría de la Niñez, la Policía de Investigaciones (PDI), la DGAC, el Registro Civil y hasta UNICEF. Este último organismo internacional calificó el caso como “grave” y exigió “saber con urgencia dónde están esos niños, niñas y adolescentes, quiénes estuvieron involucrados en el proceso y conocer los mecanismos de búsqueda que están llevando a cabo las instituciones del Estado”, advirtiendo una posible vulneración de sus derechos.
Desde la Fiscalía señalaron en un comunicado que la Contraloría identificó que la relación entre los menores y los adultos que los acompañaban “no habría sido verificada por las autoridades competentes”. Además, advirtieron sobre “la eventual existencia de un funcionario público o de un grupo de personas que hayan facilitado o promovido la entrada ilegal al país de personas que no sea nacional o residente”.
El presidente José Antonio Kast reaccionó en redes sociales calificando la denuncia como “gravísima y requiere de máxima atención”, y se comprometió a poner los antecedentes a disposición de la Fiscalía para “colaborar para que se haga justicia”.
Cifra indeterminada de niños podría duplicarse
El director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, reconoció el martes que el número de afectados podría elevarse al doble de los inicialmente reportados. En entrevista con Expreso Bío Bío, Campos señaló:
“Fui bastante cauto y conservador en señalar la cifra de 200 (niños), pero la realidad nos puede dar una bofetada y que el número sea el doble. Eso lo va a determinar el desarrollo de la investigación.”
El fiscal también reveló que no saben quién pagó los vuelos chárter y recordó que “la ley chilena castiga con severidad la trata de personas, particularmente cuando son niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad”. Asimismo, confirmó que se investiga la presunta colaboración de funcionarios del Estado en lo que podría ser una red de trata de menores.
Campos detalló que la investigación abarca a registro Civil, Servicio Nacional de Migraciones, Subsecretaría de la Niñez y PDI, todas conformadas por funcionarios públicos. “Va a ser obviamente un foco de la pesquisa si existe o no intervención de particulares, pero también de funcionarios públicos que pudieron dejar de cumplir su deber o que eventualmente pudieron haber recibido algún tema de dádiva o promesa”, afirmó.
El fiscal nacional Ángel Valencia se limitó a decir que el paradero de los menores “es parte de la investigación” y que ésta determinará “cuáles son los hechos ocurridos, la cantidad de personas afectadas, si se ha cometido o no delitos, y quiénes son sus autores”.
UNICEF pide celeridad y el exdirector de Migraciones revela denuncias previas
UNICEF se pronunció al día siguiente calificando el asunto como “grave” e instando a investigar con “la máxima celeridad”. En un comunicado, el organismo señaló que “Chile cuenta con un marco legal para regular la migración de niños, niñas y adolescentes: la Ley 21.430 y la Ley 21.325, que establecen el rol de los diferentes actores involucrados en el proceso migratorio para que cumplan su mandato de protección”.
Por su parte, el exdirector de Migraciones Luis Thayer recordó que su oficina presentó en 2023 varias denuncias ante el Ministerio Público contra agencias de viaje y aerolíneas por presuntos vínculos con redes de tráfico de personas. También mencionó que la Defensoría de la Niñez emitió oficios advirtiendo la falta de protocolos de enrolamiento y registro biométrico, así como una “insuficiencia de la respuesta estatal” frente a niños migrantes. Thayer señaló que propuso una mesa técnica que no llegó a buen puerto.
Primeros niños localizados en condiciones de pobreza
El jueves, el Gobierno instaló una fuerza de tarea interministerial y distribuyó entre los municipios una lista con 64 menores de edad reportados por la Contraloría cuyo paradero se desconocía. Ese mismo día fueron localizados 9 de ellos en las comunas capitalinas de Estación Central y Graneros.
El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, informó que funcionarios de la Oficina de la Infancia encontraron a siete menores en distintas viviendas de la comuna. “Están escolarizados y a cargo de un tutor, pero en condición de pobreza (…) Están hacinados, pero tienen donde dormir”, afirmó a T13.
En Graneros, el alcalde Marcelo Miñañir detalló que hallaron a dos de los niños que dieron como domicilio una vivienda en su comuna al ingresar al país. “Hoy hemos encontrado a dos de ellos (…) Están en nuestro colegio municipal y vamos a seguir trabajando con todo el compromiso para llegar a conocer el paradero de todos estos niños”, señaló.
Republicanos arremeten contra Gabriel Boric
El caso también generó repercusiones políticas. Diputados del Partido Republicano (PR) emplazaron al expresidente Gabriel Boric a pronunciarse, dado que la entrada irregular de estos menores ocurrió bajo su administración.
El diputado Álvaro Carter criticó: “En su gobierno ingresaron menores de edad de forma ilegal a Chile y ¿ninguna alerta fue capaz de entregarse a él? ¿Dónde estuvieron sus ministros del Interior?, ¿su ministro de Seguridad?”.
Fernando Ugarte sostuvo que “esto ocurrió bajo su administración, mediante decisiones de sus directores. Él debe asumir la responsabilidad política”. Stephan Schubert acusó que a Boric le gusta “criticar al actual Gobierno, pero cuando más se necesita saber su opinión, se queda mudo”. Finalmente, Leandro Kunstmann afirmó que “acá lo único irracional es que su gobierno no fue capaz de realizar una trazabilidad de niños que venían de otro país”.
Aparecen más niños: 33 localizados con familiares directos
La noche del viernes, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, y el director de la PDI, Eduardo Cerna, confirmaron que con el correr de las horas más menores fueron localizados. “Hemos encontrado a 33 que están viviendo con familia vinculante, padre, madre, hermanos; jóvenes que están en buen estado de salud, están escolarizados y en la red de salud”, informó Cerna.
El jefe policial aclaró que todos los menores buscados entraron al país con sus documentos en regla, desmintiendo versiones de que hubieran pasado sin control migratorio. Explicó que el protocolo establece que “el oficial a cargo de la fiscalización hace un acta donde consta el nombre, los datos, el domicilio del adulto que lo recibe, que se relacione con los documentos que trae y la autorización que ha sido solicitada, y firma el adulto y el oficial de la PDI que hace esa entrega”.
La ministra Wulf agradeció el apoyo de todas las instituciones y recalcó que “esta no es la hora de la política, ni de la búsqueda de culpables, ni responsables. Es la hora de la acción y es la hora de los niños y adolescentes”. Hizo un llamado a “seguir trabajando no solo para enfrentar esta crisis en particular que afecta a los niños haitianos, sino también para avanzar en medidas preventivas para proteger y resguardar a los niños de nuestro país”.
Mientras tanto, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte avanza con la indagatoria penal por los presuntos delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.
Fuente: Infobae