El Juzgado de Garantía de Iquique —ubicado a 1.760 kilómetros al norte de Santiago— determinó este jueves la prisión preventiva para 10 integrantes de una organización criminal dedicada a la trata de mujeres desde Bolivia, varias de ellas adolescentes, con fines de explotación sexual en prostíbulos de la región de Tarapacá.
La investigación, denominada “Operación Código Infancia”, duró siete meses y comenzó en diciembre del año pasado luego de quejas de los vecinos. Finalizó con la captura de siete personas de nacionalidad boliviana, dos peruanas y una chilena; además, se logró rescatar a 12 víctimas, incluidas dos adolescentes de 16 y 17 años.
“La investigación realizada con la Brigada de Delitos Sexuales permitió confirmar la existencia de esta organización criminal que captaba y trasladaba al país a mujeres para explotarlas sexualmente, alojándolas en domicilios de Iquique y Alto Hospicio, y obteniendo importantes beneficios económicos derivados de este comercio sexual que se ejercía en inmuebles clandestinos”, informó la fiscal del caso, Camila Albarracín.
“También pudimos determinar que traían también mujeres menores de edad, incluso una niña de 14 años, y al momento del operativo encontramos dos víctimas de 16 y 17 años de edad”, complementó.
Trabajo de “acompañantes”
De acuerdo con la persecutora, las víctimas eran captadas en Bolivia con la promesa de que se les financiarían los pasajes y la estadía en Chile para trabajar como “acompañantes”. Sin embargo, una vez en el país, se les comunicaba que esos gastos debían ser pagados ejerciendo el comercio sexual durante al menos tres meses.
Los servicios que las víctimas se veían forzadas a prestar eran publicitados mediante avisos en páginas de internet, e incluían el desplazamiento de las mujeres a domicilio, con el consiguiente peligro para su integridad física.
Durante el operativo, la Policía de Investigaciones (PDI) arrestó a los cabecillas de la banda y a otras personas encargadas del traslado de las mujeres, de la logística para instalarlas en Chile, de administrar los prostíbulos y de recolectar los pagos.
En los allanamientos, los detectives incautaron cinco vehículos utilizados por la organización y casi $20 millones de pesos en efectivo (USD 21 mil), que correspondían a parte de las ganancias obtenidas.
De esta forma, en la audiencia de formalización, el tribunal acogió la petición de la fiscalía local y envió a prisión preventiva a los 10 imputados por el plazo de 120 días establecido para continuar con la investigación.
Fuente: Infobae