San José de Ocoa – La Oficina Judicial de Atención Permanente ordenó este martes extender por tres meses la prisión preventiva de Nazario Mercedes, acusado de una escalada de feminicidios y agresiones letales que se remontan a 1995.
La decisión judicial busca profundizar la investigación por el asesinato de Darmelin de los Santos Ramírez (2022) en Rancho Arriba, mientras se analizan vínculos con al menos cinco homicidios más y un intento de asesinato.
Cronología criminal: Tres décadas de violencia de género
El historial delictivo de Mercedes, descrito por fiscales como «sistemático y depredador«, abarca múltiples provincias y víctimas:
- 1995 (San Pedro de Macorís):
- Acusado del feminicidio de Yanet Castillo.
- 2008 (Sin ubicación específica):
- Vinculado al asesinato de Diana Carolina Lorenzo.
- 2014 (Maimón):
- Atacó brutalmente a Rosa María Peralta, quien sobrevivió tras ser rescatada por vecinos.
- 2022 (Rancho Arriba):
- Presunto responsable de la muerte de Darmelin de los Santos Ramírez (caso actual bajo investigación).
- 2023 (Rancho Arriba):
- Implicado en el homicidio de una mujer haitiana no identificada.
- Noviembre 2024 (Villa Altagracia):
- Arrestado in fraganti ocultando el cadáver de Yessica Figueroa.
Medidas judiciales y tensión en audiencia
El juez Dahian Rodríguez dictaminó que Mercedes permanezca en el Centro de Corrección Najayo-Hombres, donde ya cumple prisión por otros delitos.
La audiencia se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad tras un intento de agresión por parte de familiares de las víctimas cuando el acusado ingresaba al tribunal.
Incidente de seguridad: Tres agentes penitenciarios contuvieron a manifestantes que intentaron atacarlo físicamente.
Retraso procesal: Mercedes llegó una hora tarde a la audiencia, sin que se explicaran públicamente las causas.
La Fiscalía trabaja en consolidar un caso acumulativo que demuestre el patrón criminal del acusado. Según fuentes cercanas al proceso, se analizan:
Pruebas forenses históricas (ADN, armas, testimonios).
Posibles cómplices en la ocultación de cuerpos.
Fallas sistémicas que permitieron su impunidad por décadas.
Organizaciones feministas, como el Colectivo Mujer y Salud, exigieron que el caso se juzgue bajo la Ley 24-97 (violencia intrafamiliar) y se aplique agravante de reincidencia. «Es inadmisible que un feminicida opere 30 años sin consecuencias. Esto refleja negligencias institucionales», declaró Ana Belén Durán, portavoz del colectivo.
En Rancho Arriba, comunidad donde ocurrieron dos de los crímenes, residentes exigen reformas penales más duras. «¿Cuántas mujeres más deben morir para que estos criminales no salgan libres?», cuestionó Marisol Torres, prima de Darmelin de los Santos.
Mientras, defensores públicos alegan que Mercedes enfrenta «criminalización mediática«, aunque no han presentado pruebas exculpatorias. El acusado se negó a declarar ante la prensa.
Plazo fiscal: 90 días para presentar acusación formal.
Revisión de antecedentes: Interpol colaborará para verificar si hay crímenes no reportados en otros países.
Protección de testigos: Se activó un programa especial para quienes declaren en su contra.
El caso pone bajo escrutinio al sistema judicial dominicano, cuestionado por su manejo de delitos de género. La próxima audiencia se programará tras conclusiones periciales.
