San Francisco de Macorís.- El 31 de enero de 2023, la promulgación de la Ley No. 8-23 fue recibida con júbilo y esperanza en toda la provincia Duarte.
El documento, firmado por el Ejecutivo, prometía transformar la región en un polo de desarrollo sostenible, inyectando recursos y estructurando una plataforma que pondría en el mapa mundial nuestras riquezas naturales.
Sin embargo, a más de tres años de aquel anuncio, la realidad es drásticamente distinta: la ley parece haberse convertido en letra muerta.
Un anhelo histórico estancado
La lucha por esta declaratoria no es nueva. Sus cimientos fueron levantados por el esfuerzo de pasados congresistas como Juan Comprés e Amílcar Romero, quienes visualizaron el potencial virgen de nuestras tierras.
Tras años de estancamiento, el proyecto fue retomado y finalmente impulsado por el actual senador Franklin Romero.
No obstante, el éxito legislativo no se ha traducido en ejecución.
Al día de hoy, la provincia Duarte carece de una plataforma de desarrollo visible.
No existen los diseños de rutas, no hay señalización turística, ni se percibe el despliegue de los fondos que, por ley, deberían estar impulsando el Consejo de Desarrollo Ecoturístico.
Le recomendamos leer: Supérate fortalece protección social en Duarte y Hermanas Mirabal con apoyo a más de 69 mil familias
El eslabón perdido:
La conexión Naranjo Dulce – Río Boba
Uno de los puntos más críticos que evidencia la parálisis institucional es el estado de la conexión terrestre entre Naranjo Dulce y Río San Juan. Esta obra no es solo un camino vecinal; es la columna vertebral que debería unir estratégicamente al Nordeste.
Impacto regional
Su culminación conectaría de forma directa a la provincia Duarte con María Trinidad Sánchez y Samaná.
Desarrollo económico: Facilitaría el flujo de turistas y el transporte de productos agrícolas, integrando la montaña con la costa.
Realidad actual:
A pesar de ser una zona con un potencial ecoturístico incalculable, la falta de una infraestructura vial adecuada mantiene a estas comunidades en el aislamiento, contradiciendo el espíritu de la Ley 8-23.
¿Letra muerta o falta de voluntad?
Mientras otras provincias ecoturísticas avanzan con oficinas de promoción y proyectos de infraestructura, en la provincia Duarte el desarrollo se siente ausente en lo relacionado a ese proyecto, no así en el desarrollo comercial, donde se observa un sector de la construcción totalmente activo.
Los ciudadanos y los sectores productivos se preguntan: ¿Dónde están los planes de diseño que vendrían a darle fuerza al proyecto?
La ley otorga el marco legal, pero la burocracia y la aparente falta de seguimiento operativo han impedido que el ecoturismo pase de los papeles a las montañas. La provincia Duarte no necesita más decretos; necesita maquinaria en las vías, promoción en los medios y una ejecución real que permita que los beneficios del turismo sostenible lleguen finalmente a los bolsillos de sus habitantes.
El potencial está ahí, los recursos legales existen, pero el tiempo corre. Es hora de que la Ley 8-23 deje de ser un trofeo legislativo y se convierta en el motor de cambio que San Francisco de Macorís y toda la región Nordeste exigen.