El TCE negó la denuncia presentada por el organismo electoral contra la excandidata presidencial Luisa González, el excandidato vicepresidencial Andrés Arauz y otros integrantes de la campaña del correísmo en las elecciones extraordinarias de 2023.
La decisión no implica un pronunciamiento sobre la existencia o no de la infracción, sino que responde a un problema jurídico previo: el acto administrativo que sustentaba la acusación dejó de tener validez.
¿Por qué el TCE negó la denuncia?
El juez electoral Guillermo Ortega determinó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó la denuncia antes de cumplir una orden previa del propio Tribunal.
En un proceso anterior, el TCE había dispuesto que el CNE emitiera una nueva resolución administrativa para atender las impugnaciones planteadas por los denunciados. Sin embargo, la denuncia fue presentada antes de ejecutar esa disposición.
Como consecuencia, el juez concluyó que el acto administrativo utilizado como base de la acusación carecía de validez jurídica, por lo que no era posible analizar el supuesto incumplimiento electoral.
El Tribunal no analizó si hubo o no infracción
Uno de los aspectos más relevantes del fallo es que el TCE no declaró que Luisa González y Andrés Arauz fueran inocentes o responsables de la presunta infracción.
La decisión se limitó a establecer que no existían las condiciones procesales para estudiar el fondo del caso, debido a la nulidad del acto administrativo que dio origen a la denuncia.
Es decir, el proceso terminó por un aspecto de procedimiento y no por una valoración de las pruebas relacionadas con el manejo de las cuentas de campaña.
¿Qué investigaba el CNE?
La denuncia estaba relacionada con el manejo de las cuentas de campaña del binomio presidencial de la Revolución Ciudadana durante las elecciones anticipadas de 2023.
El CNE sostenía que existían presuntas irregularidades vinculadas con los informes económicos presentados por la organización política, motivo por el cual acudió al Tribunal Contencioso Electoral.
El Telégrafo
LV