El senador de la provincia Duarte, Franklin Romero, reintrodujo un proyecto de ley que busca otorgar una pensión especial a los hijos menores de edad de mujeres víctimas de feminicidio.
La iniciativa pretende garantizar apoyo económico a niños y adolescentes que quedan en situación de desamparo tras la muerte de sus madres.
Romero destacó que muchos casos de feminicidio terminan con el suicidio de los agresores, dejando a los hijos sin protección. Con esta propuesta, se busca que el Estado brinde asistencia a los huérfanos, quienes también son víctimas indirectas de la violencia de género.
«Hemos sometido esta propuesta en múltiples ocasiones y, aunque seguimos insistiendo, lamentablemente muchas iniciativas se pierden en el proceso y las leyes vigentes no reciben el seguimiento adecuado», expresó Romero.
También mencionó la presentación del anteproyecto de ley sobre medidas telemáticas, orientado a prevenir feminicidios mediante el monitoreo y control de agresores, evitando que estos puedan acercarse a sus víctimas.
El senador Romero aplaudió el anuncio del presidente Luis Abinader sobre la creación de un programa especial de pensiones para niños, niñas y adolescentes huérfanos por feminicidio.
«Qué bueno, porque ya veníamos trabajando en esto, y esta iniciativa se alinea con nuestra propuesta», destacó.
Romero subrayó que su proyecto de ley busca garantizar una pensión específica para los hijos de mujeres asesinadas en casos de violencia de género, asegurando que no queden desamparados ante estas tragedias.
Además, advirtió que los feminicidios representan la forma más extrema de violencia de género y que la República Dominicana se encuentra entre los países de América Latina con las tasas más altas de este crimen.
Calificó como alarmantes las cifras de feminicidios en el país, recordando que cada año cientos de niños y niñas quedan en extrema vulnerabilidad tras la pérdida de sus madres.
El proyecto fue enviado a la Comisión de Seguridad Social, Trabajo y Pensiones.
Asimismo, el senador anunció que presentará una modificación a la Ley 12-21 del Régimen Especial de Desarrollo Fronterizo, con el objetivo de eliminar algunas exenciones fiscales otorgadas en este marco.