Santiago, República Dominicana. – La controversia en torno al operativo policial registrado en el sector La Barranquita, donde cinco personas perdieron la vida el pasado miércoles, sigue generando repercusiones. Fuentes oficiales confirmaron que varios agentes de la Policía Nacional que participaron en el alegado enfrentamiento serán sometidos a la justicia en las próximas horas.
El Ministerio Público trabaja en la preparación de las órdenes de arresto contra los uniformados, aunque no se ha especificado la cantidad exacta. Informaciones preliminares apuntan a que entre tres y cuatro policías estarían vinculados directamente a las actuaciones cuestionadas durante el operativo.
En un primer momento, la Policía Nacional informó que las víctimas formaban parte de una supuesta estructura delictiva. Sin embargo, esta versión generó un amplio debate público, ya que familiares y comunitarios negaron que todos los fallecidos tuvieran vínculos con hechos ilícitos.
Posteriormente, el director general de la Policía, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, ofreció declaraciones en las que aclaró la posición institucional. El alto oficial reconoció que, de acuerdo con las indagatorias preliminares, solo algunos de los fallecidos tenían historial delictivo, mientras que otros no registraban vínculos con actividades criminales.
La decisión de someter a los agentes ante la justicia busca, según las autoridades, garantizar transparencia y determinar responsabilidades individuales en el caso. El Ministerio Público continúa recabando pruebas, testimonios y peritajes para sustentar las acusaciones y dar paso a las etapas procesales correspondientes.
Mientras tanto, la investigación se mantiene activa y bajo estricta supervisión. El hecho ha provocado indignación y exigencias de justicia tanto de los familiares de las víctimas como de la sociedad civil.
Declaraciones del jefe de la Policía Nacional (jueves):
“Como institución estamos comprometidos con la verdad. No vamos a encubrir a nadie. Si se cometieron excesos o actuaciones fuera de lo establecido en la ley, serán los tribunales los que determinen las consecuencias. Nuestro deber es garantizar que el proceso sea transparente y que la sociedad tenga confianza en que no habrá impunidad”.
