Como en cualquier sociedad organizada, una de las tareas fundamentales del Estado es la de reducir los niveles de incertidumbre que se producen cotidianamente como efecto de la acción de las fuerzas externas e internas que nos arrastran al desequilibrio y la crisis. Esta reducción debe realizarse en el marco del establecimiento de nuevos pactos sociales que comprometan a los más amplios sectores.
La falta de estos consensos acerca de las metas nacionales podría significar un aumento del riesgo de incertidumbre de las políticas, una disminución de la coherencia y una baja en la capacidad de hacer planes y elaborar propuestas serias en los ámbitos económicos y sociales.
FINJUS ha reiterado que un elemento clave en esta estrategia es la modernización del Estado, la profesionalización de todas sus estructuras y la implementación de mecanismos agiles y eficientes de comunicación con la ciudadanía. Sin un Estado capaz de realizar las tareas complejas del desarrollo y con voluntad de dar las respuestas eficientes a las necesidades y demandas colectivas, transitaremos el camino de la inseguridad y de la desconfianza.
Es justo reconocer que las reformas introducidas al Estado en los últimos 30 años van en el camino de producir esas satisfacciones sociales, pero no hay dudas de que aún son insuficientes y que han estado afectadas, entre otros factores, por la falta de continuidad en las políticas públicas y los retrasos para abordar las reformas normativas estancadas en el Congreso Nacional desde la proclamación de la reforma constitucional del 2010. Es preciso recordar que existen decenas de leyes que por mandato de la octava disposición transitoria de la Constitución del 2024 deben ser elaboradas, adecuadas y aprobadas antes del 16 de agosto de 2028.
En democracia es casi una ley la idea de que, si la ciudadanía no valora adecuadamente a sus instituciones, en el corto plazo pueden generarse turbulencias que podrían crear inestabilidad e intranquilidad. Un riesgo que no debe desdeñarse es que si no se producen cambios a mediano y largo plazo, que representen niveles aceptables de eficiencia en la gestión pública, que se traduzcan en una mejor distribución equitativa de la riqueza y en beneficios sociales, las instituciones públicas podrían ser vulnerables a las derivaciones que acompaña el descontento y la desconfianza social, como el deterioro agudo de la confianza ciudadana en el sistema democrático, abriendo peligrosos espacios para que se aniden liderazgos políticos que podrían usufructuar la inestabilidad para aumentar sus cuotas de poder.
Se reconoce que la democracia dominicana ha tenido éxito generando nuevas riquezas (como lo evidencia el aumento del PIB, el incremento de las exportaciones o las inversiones, por ejemplo) pero esto convive con una deficiencia para hacer que esa riqueza se traduzca en bienestar sostenible para la mayoría de la ciudadanía.
Aunque algunos sectores se resisten a aceptarlo, la verdad es que esta brecha entre crecimiento económico y deficiencia de satisfacción de necesidades sociales incide en el nivel de confianza y participación de la ciudadanía en el sistema democrático. Los recientes estudios del PNUD (Democracia bajo presión, 2026) o el Latinobarómetro 2024, van en esta misma dirección.
Todo parece indicar que este cuadro sólo puede ser revertido con un aumento de la confianza, lo que implica la realización de importantes reformas que permitan revalorizar el ejercicio de la política y la labor de los representantes políticos, creando una mejor vinculación de éstos con la ciudadanía, para dar lugar al diseño e implementación de mejores mecanismos que aseguren la transparencia y el desarrollo institucional.
Por todo lo anterior, creemos que el país se encuentra en una encrucijada histórica, que es un escenario que permitiría avanzar si incrementamos nuestra capacidad para reforzar los consensos que mejoren el modelo de sociedad democrática que estamos construyendo. Pese a todas las diferencias que se registran en diversas áreas, el reconocimiento de que este modelo de sociedad democrática puede sobrevivir y prosperar, se ha convertido en uno de los principales activos para la estabilidad política.
No obstante, la sostenibilidad de este proyecto de construcción democrática, sintetizada en el mantenimiento y desarrollo de un Estado Social y Democrático de Derecho depende de la capacidad del liderazgo para abordar de manera seria y responsable las debilidades que son percibidas por la ciudadanía y que están anidadas en las fallas del sistema de representación democrática y de intermediación institucional.
En FINJUS nos esforzamos por acompañar al Estado y las organizaciones sociales en los procesos dirigidos a fortalecer una democracia plenamente consolidada, lo que exige que el progreso institucional se traduzca en bienestar tangible para cada ciudadano. Por ello insistimos en el fortalecimiento de la independencia judicial, la eficiencia y productividad del Congreso Nacional, la transparencia radical en el financiamiento de la política, la consolidación de las estrategias por la integridad y la probidad, que deben estar acompañadas de ofertas programáticas de los partidos para que abandonen el clientelismo.
Sólo estos caminos conducen a construir y sostener un modelo democrático duradero, capaz de resistir las tormentas del populismo y erigirse como un referente regional de desarrollo humano inclusivo. La confianza institucional no se construye con buenas intenciones, sino con resultados que dignifiquen la vida cotidiana de las personas.