La Procuraduría General de la República firmó un acuerdo con la Fiscalía Nacional de Chile para la creación de un equipo conjunto de investigación contra la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el lavado de activos y otros delitos del crimen organizado
La procuradora general Yeni Berenice Reynoso y el fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia Vásquez, resaltaron la importancia de fortalecer las vías de cooperación internacional para enfrentar delitos que traspasan las fronteras..
“Constituye un altísimo honor recibir la visita de la delegación chilena y formalizar este acuerdo de cooperación”, resaltó la procuradora general, tras señalar que el país enfoca la lucha contra la trata y tráfico de personas como un objetivo estratégico de primer nivel dentro de su política de persecución del crimen organizado transnacional.
Es la primera vez que República Dominicana firma un convenio para la creación de equipo conjunto de investigación bajo el amparo de la Convención de Palermo (Italia) contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el año 2000, de acuerdo con las autoridades.
Reynoso precisó que el Ministerio Público enfrenta este fenómeno mediante un esfuerzo interinstitucional en el que participan el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección General de Migración, la Dirección Nacional de Inteligencia, el Ministerio de Defensa y otras entidades del Estado.
Informó que, incluso antes de la firma del convenio, los equipos de fiscales de Chile y República Dominicana ya venían desarrollando trabajos coordinados bajo el marco de la Convención de Palermo (de la que ambos países son signatarios), y fortalecieron la cooperación internacional en materia de investigación.
Recordó que la trata de personas se considera como “la esclavitud moderna” y que el trabajo conjunto, además de buscar la obtención de condenas en los tribunales, se enfoca en proteger los derechos fundamentales de las víctimas de redes de trata.
La visión de Chile
De su lado, el fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia Vásquez, sostuvo que el convenio representa una herramienta concreta de trabajo entre los ministerios públicos.
Valencia Vásquez resaltó que el acuerdo permitirá conformar equipos conjuntos de investigación integrados por fiscales y policías de ambos países para enfrentar delitos del crimen organizado transnacional.
Recordó que la trata de personas y el tráfico de migrantes son, “un flagelo que impacta directamente a ambas naciones y que requiere respuestas coordinadas”.
Valoró el hecho de que los fiscales de su país y República Dominicana puedan compartir experiencias sobre cómo cada país enfrenta estas organizaciones criminales, conocer las estrategias que han resultado efectivas y trabajar conjuntamente para fortalecer las investigaciones y persecuciones penales.
“Estas acciones buscan ofrecer mayores niveles de seguridad a la ciudadanía y permitir que las personas puedan sentirse más tranquilas al saber que ambos países trabajan de manera coordinada frente a estas amenazas”, dijo.
En el acto estuvo presente Rubén Silié, viceministro de Política Exterior Multilateral, e Iván Favereau, embajador de Chile en Santo Domingo.
Lo que establece la cooperación bilateral
El convenio, que tendrá un año de vigencia, surge de la necesidad de fortalecer las herramientas de cooperación jurídica internacional para enfrentar la criminalidad compleja, especialmente la delincuencia organizada transnacional, la trata y tráfico de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el lavado de activos, los delitos económicos y la corrupción, de acuerdo con la Procuraduría.
Como parte de las labores las autoridades coordinarán actuaciones a fin de investigar el tráfico ilícito de migrantes y lavado de activos, con el objeto de determinar sus responsables, perseguirlos judicialmente y afectar el patrimonio que pueda ser vinculado a esta actividad. También constituye otro objetivo fundamental la protección y salvaguarda de la vida e integridad física de las y los migrantes víctimas, objeto del tráfico.
Por igual, el adelantamiento de tareas investigativas que permitan intercambiar información sobre los avances de procesos penales iniciados en las respectivas jurisdicciones de las partes, así como recabar evidencia física y elementos materiales probatorios que coadyuven en el desarrollo de estos procesos.