República Dominicana acaba de entrar en una zona migratoria que otros países de la región ya conocen demasiado bien: la de los acuerdos con Estados Unidos para recibir, de manera temporal, a personas no nacionales del país receptor.
En el lenguaje diplomático, se presenta como cooperación, tránsito excepcional, gestión ordenada y responsabilidad compartida. No obstante, en la experiencia práctica de países como Panamá, Costa Rica, Guatemala y El Salvador, esa fórmula ha abierto debates mucho más complejos: detención, acceso al asilo, menores de edad, presión internacional, falta de transparencia, permisos humanitarios improvisados y un costo político que no siempre queda del lado de Washington.
El comunicado oficial dominicano describe el memorando de entendimiento con Estados Unidos como un mecanismo “no vinculante”, orientado al “ingreso temporal y excepcional” de un número limitado de nacionales de terceros países, sin antecedentes penales y en condiciones de tránsito. También establece que no incluye a nacionales haitianos ni a menores de edad no acompañados, que se aplicará caso por caso y que contará con respaldo financiero y operativo del Gobierno estadounidense para asegurar condiciones adecuadas durante la permanencia temporal y facilitar el retorno ordenado a los países de origen.
El acuerdo dominicano se presenta como una operación controlada, acotada y financiada por Estados Unidos. Pero la experiencia regional muestra que el verdadero problema no suele estar en la firma del memorando, sino en lo que ocurre después del primer vuelo. ¿Qué pasa si una persona se niega a volver a su país? ¿Qué sucede si teme persecución, tortura o represalias? ¿Quién determina si el retorno es realmente voluntario? ¿Dónde se alojará a esas personas? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué autoridad independiente verificará las condiciones? Esas preguntas, que hoy parecen técnicas, fueron exactamente las que convirtieron los precedentes de Panamá y Costa Rica en casos de controversia internacional.
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Panamá: denuncias de detención y asilo negado
En febrero de 2025, Estados Unidos deportó a Panamá a 119 personas de distintas nacionalidades en el primero de tres vuelos previstos anunciados por el presidente panameño José Raúl Mulino. El grupo incluía nacionales de Afganistán, China, India, Irán, Nepal, Pakistán, Sri Lanka, Turquía, Uzbekistán y Vietnam. En total, el plan contemplaba enviar 360 personas en tres vuelos.
La operación fue presentada como una escala temporal. Las personas serían trasladadas a instalaciones vinculadas al Darién y luego repatriadas a sus países de origen. Pero el mecanismo se complicó casi de inmediato. Human Rights Watch documentó que entre el 12 y el 15 de febrero de 2025 Estados Unidos expulsó a 299 nacionales de terceros países hacia Panamá, sin darles una oportunidad real de solicitar asilo ni de plantear temor de persecución o daño grave en sus países de origen.
Según Human Rights Watch, muchos de los expulsados habían huido por razones de etnia, religión, género, orientación sexual, vínculos familiares u opiniones políticas. La organización entrevistó a 48 personas y afirmó que tanto Estados Unidos como Panamá las mantuvieron incomunicadas o en condiciones restrictivas. La ONG sostuvo que varias fueron enviadas esposadas y encadenadas a un tercer país sin haber sido evaluadas individualmente para determinar si podían ser devueltas a sus lugares de origen.
El caso escaló cuando parte de los migrantes fueron retenidos inicialmente en un hotel de Ciudad de Panamá y luego trasladados a un campamento remoto en la zona del Darién tras rechazar la repatriación. De acuerdo con Reuters, Panamá anunció después permisos de estancia temporal de 30 días, prorrogables hasta 90, para algunos migrantes que habían expresado razones de seguridad para no volver a sus países.
Costa Rica: menores y permisos especiales
En paralelo a Panamá, el gobierno costarricense aceptó recibir hasta 200 personas deportadas desde Estados Unidos, muchas provenientes de Asia, Europa y otras regiones. El acuerdo contemplaba que permanecieran temporalmente en Costa Rica mientras se organizaba su retorno a los países de origen.
La situación se volvió más compleja cuando se conoció que entre las 200 personas enviadas a Costa Rica había 81 niños y adolescentes. Human Rights Watch documentó que Estados Unidos expulsó a esos 200 nacionales de terceros países en dos vuelos a finales de febrero de 2025, entre ellos 81 menores de entre 1 y 17 años, además de dos mujeres embarazadas y personas mayores de 60 años.
El Gobierno costarricense describió su papel como el de un “puente” hacia los países de origen. Sin embargo, según Human Rights Watch, muchos migrantes entrevistados expresaron miedo de regresar a sus países. Para el 7 de mayo de 2025, poco menos de la mitad de los 200 expulsados había aceptado retornar, de acuerdo con datos de la propia Dirección de Migración costarricense citados por la ONG.
Costa Rica terminó otorgando un estatus migratorio especial de 90 días, prorrogable, a 85 personas que seguían en su territorio, incluidos 31 menores. Ese estatus les permitió recuperar sus pasaportes y moverse libremente dentro del país. Lo que comenzó como tránsito temporal terminó obligando al país receptor a crear una solución migratoria local.
Guatemala: resistencia al “tercer país seguro”
También en 2025, durante una visita del secretario de Estado Marco Rubio, el presidente Bernardo Arévalo anunció que Guatemala aceptaría aumentar en 40 % los vuelos de deportación desde Estados Unidos e incluiría no solo a guatemaltecos, sino también a personas de otras nacionalidades, con apoyo estadounidense para devolverlas a sus países de origen. Sin embargo, el país centroamericano trató de acotar políticamente el alcance del acuerdo. Arévalo aclaró que el país no se convertiría en un “tercer país seguro” en sentido amplio y que no aceptaría criminales condenados.
Durante la primera administración de Donald Trump, Estados Unidos firmó acuerdos de cooperación de asilo con Guatemala, Honduras y El Salvador, conocidos como Asylum Cooperative Agreements. En 2021, el Departamento de Estado anunció la suspensión y terminación de esos acuerdos, argumentando que eran parte de una política migratoria anterior que sería sustituida por un enfoque distinto.
Human Rights Watch había documentado en 2020 fallas graves en el acuerdo de asilo entre Estados Unidos y Guatemala, señalando que personas trasladadas a territorio guatemalteco enfrentaron obstáculos para acceder a protección efectiva y, en muchos casos, fueron presionadas a abandonar sus solicitudes o regresar a países donde temían sufrir daños.
El Salvador: el extremo carcelario del modelo
El caso de El Salvador es, probablemente, el más mediático. En febrero de 2025, Marco Rubio informó que el presidente Nayib Bukele había ofrecido aceptar deportados desde Estados Unidos de cualquier nacionalidad e incluso encarcelar a personas en prisiones salvadoreñas a cambio de una tarifa. La propuesta fue descrita como un acuerdo migratorio sin precedentes y generó cuestionamientos legales y de derechos humanos, especialmente por la idea de enviar a personas a un sistema penitenciario extranjero.
El Salvador convirtió el debate migratorio en un asunto de seguridad dura. El ofrecimiento de Bukele fue presentado como una forma de “externalizar” parte del sistema penitenciario estadounidense, en particular mediante el uso de su megacárcel. Pero esa variante llevó el problema a otro nivel: ya no se trataba de tránsito temporal ni de retorno asistido, sino de custodia carcelaria en un tercer país.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado abusos graves en el contexto de deportaciones y encarcelamiento de venezolanos enviados a El Salvador. Human Rights Watch reportó denuncias de tortura y otros malos tratos contra venezolanos deportados por Estados Unidos y recluidos en El Salvador, lo que coloca este modelo en el extremo más riesgoso desde el punto de vista reputacional y legal.
Las preguntas al aire
La experiencia regional deja una agenda mínima de transparencia para el Gobierno dominicano. La primera pregunta es el lugar de alojamiento. El comunicado habla de condiciones adecuadas durante la permanencia temporal, pero no especifica si las personas estarán en instalaciones migratorias, hoteles, centros especiales, zonas aeroportuarias o espacios bajo custodia de una autoridad determinada.
La segunda pregunta es el plazo. Panamá terminó concediendo permisos prorrogables hasta 90 días en algunos casos; Costa Rica otorgó estatus especial por 90 días a personas que no retornaron. En el caso dominicano, tocará aclarar cuál será el plazo máximo de estancia, qué ocurre si vence y qué instrumento jurídico se aplicará si el retorno no puede ejecutarse.
La tercera pregunta es el acceso a protección. ¿Podrá una persona solicitar refugio o protección complementaria en República Dominicana? ¿Habrá intérpretes? ¿Tendrá acceso a asesoría legal? ¿Cómo se evaluará el temor de retorno? ¿Qué autoridad decidirá si la persona puede ser enviada a su país de origen? Estas preguntas no son retóricas: fueron el centro de las denuncias en Panamá y Costa Rica.
La cuarta pregunta es la supervisión independiente. En Costa Rica, la Defensoría de los Habitantes y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura tuvieron un rol de observación. En República Dominicana, sería necesario saber si la Defensoría del Pueblo, organismos internacionales, la OIM, ACNUR u organizaciones de derechos humanos tendrán acceso al proceso.
La quinta pregunta es la comunicación pública. Si el acuerdo se ejecuta sin datos, sin informes periódicos y sin protocolos visibles, el Gobierno dominicano quedará expuesto a dos narrativas opuestas: la de quienes presentarán el mecanismo como una amenaza migratoria descontrolada y la de quienes lo denunciarán como una externalización opaca de la política migratoria estadounidense. La transparencia no elimina la controversia, pero reduce la especulación.