El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria ha emitido un dictamen en el que concluye que la aprehensión del expresidente peruano Pedro Castillo, ocurrida en diciembre de 2022 como parte de una investigación por un presunto intento de golpe de Estado, fue «arbitraria» y ha solicitado su liberación inmediata.
Según los expertos internacionales, esta detención vulneró los artículos 3, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos —que garantizan la libertad, la prohibición de detención arbitraria, el derecho a un tribunal independiente y la presunción de inocencia— así como los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, relativos a la libertad y la igualdad ante los tribunales.
En consecuencia, el grupo pidió al Estado peruano que proceda a la liberación inmediata de Castillo y reconoció que el exmandatario tiene derecho a reclamar una reparación por los perjuicios ocasionados por su detención arbitraria.
No obstante, el documento descarta que haya existido discriminación contra Castillo por su origen campesino. En su lugar, señala que se vivía una atmósfera de «continuo enfrentamiento entre grupos con distintas posiciones políticas», más que un caso de discriminación acreditada.
Tras la difusión del informe, la congresista Silvana Robles celebró la decisión y aseguró que la detención se produjo de manera «irregular» cuando Castillo aún era presidente. «No se respetó el antejuicio político ni se alcanzaron los 104 votos para una votación inmediata de vacancia», declaró en un mensaje en redes sociales.
«En suma, el Congreso consumó una vacancia exprés, sin debido proceso, como parte de un complot liderado por el fujimorismo para asaltar el poder. No se trata de simpatías políticas, sino de democracia y respeto al derecho internacional. Corresponde que el Estado peruano disponga su libertad inmediata», agregó Robles.
A finales de 2025, un tribunal peruano condenó a Castillo a más de once años de prisión por el delito de conspiración para cometer rebelión, al considerar que participó en el fallido intento de golpe de Estado de diciembre de 2022 al tratar de disolver el Congreso e instaurar un «Gobierno de excepción». Fue detenido tras anunciar dicha disolución en un mensaje a la nación y posteriormente destituido.
Su equipo legal ha presentado en varias ocasiones solicitudes de indulto, todas rechazadas por la justicia hasta el momento. La destitución de Castillo desencadenó protestas y episodios de violencia en diversas regiones del país, que dejaron decenas de muertos y abrieron una nueva fase de crisis política en Perú.
Fuente: Infobae