Un régimen arancelario renovado por parte de Estados Unidos, que impone gravámenes de entre el 10% y el 12,5% a 60 economías, comenzó a regir esta semana. Esta medida obliga a exportadores e importadores latinoamericanos a replantear sus cadenas de abastecimiento. La disposición, fundamentada en la Sección 301 de la ley comercial estadounidense, sustituye al arancel global temporal que estaba en vigor desde febrero.
El nuevo ordenamiento no se aplica de manera uniforme: cada país quedó sujeto a porcentajes y excepciones diversas según el producto, lo que añade un elemento extra de planificación para las empresas exportadoras. Esta variedad de tasas se traduce en un trabajo técnico más riguroso para los operadores logísticos regionales.
Clasificación arancelaria, el nuevo cuello de botella
La aplicación diferenciada por producto obliga a los despachantes de aduana y agentes de carga a examinar con mayor profundidad cada partida arancelaria antes de exportar. Un mismo país puede tener bienes exentos y bienes gravados dentro de un mismo envío, lo que demanda una trazabilidad documental más exacta y tiempos de gestión adicionales.
En Uruguay, por ejemplo, el 77,5% de los productos exportados a Estados Unidos quedó exceptuado de la nueva tarifa, mientras que rubros como el sebo bovino, la soja o la miel sí resultaron alcanzados. En Perú, la situación se revierte: el 55% del valor exportado a ese mercado enfrentará el arancel más alto, mientras que más de 2.000 partidas, equivalentes al 45% restante, se mantienen excluidas.
Esta heterogeneidad dificulta la planificación logística de mediano plazo, ya que las empresas deben calcular con precisión qué proporción de su carga estará sujeta al nuevo costo antes de definir rutas, contratos de flete y cronogramas de despacho.
Costos y decisiones de transporte
El encarecimiento parcial de las exportaciones presiona los márgenes de sectores con alta dependencia del mercado estadounidense, lo que lleva a algunas cadenas de suministro a reconsiderar modos de transporte y frecuencias de envío. En productos de menor valor agregado, un arancel adicional de diez puntos porcentuales puede alterar la ecuación de costos frente a competidores de otras regiones.
En Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador quedaron sujetos a un arancel adicional del 10%, un factor que se suma a los costos portuarios y de transporte terrestre ya existentes hacia el mercado norteamericano. México, en cambio, mantiene protegido bajo el T-MEC a cerca del 85% de sus envíos, por lo que el nuevo gravamen impacta solo sobre el 15% restante de su comercio con Estados Unidos.
Los sectores más sensibles al tiempo, como los productos agroindustriales frescos y perecederos, enfrentan el mayor desafío operativo, ya que un mismo punto porcentual de arancel puede definir la viabilidad de una ruta aérea frente a una alternativa marítima más lenta pero de menor costo. En esos rubros, cualquier variación arancelaria repercute de inmediato en la rentabilidad de cada embarque.
Diversificación como estrategia regional
Frente a este escenario, algunos países avanzan en acuerdos que amplían destinos alternativos para su oferta exportable. Ecuador firmó esta semana un tratado de libre comercio con Canadá que elimina aranceles para el 99,6% de sus productos, una salida que reduce la dependencia de un solo mercado y ofrece margen de maniobra logística ante medidas comerciales cambiantes.
Panamá, en tanto, quedó excluido de la nueva lista de aranceles, lo que sostiene sin variaciones su esquema comercial con Estados Unidos, vigente desde 2012 mediante un tratado de promoción comercial que ya eliminó aranceles para la gran mayoría de los intercambios bilaterales.
Este tipo de acuerdos bilaterales gana peso como herramienta de mitigación de riesgo comercial, en un contexto donde la política arancelaria estadounidense se modifica con mayor frecuencia que en años anteriores. Para los operadores logísticos, contar con destinos alternativos habilitados reduce la exposición ante cambios normativos repentinos.
Un escenario en revisión permanente
Varios gobiernos de la región mantienen abierta la posibilidad de solicitar una reevaluación de sus tasas ante la oficina comercial estadounidense, a partir de reformas normativas internas vinculadas a la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso.
Esa vía de revisión mantiene en suspenso parte del nuevo mapa arancelario y obliga a los operadores logísticos a monitorear cambios normativos que pueden modificar costos, plazos y rutas de transporte en las próximas semanas.
En un comercio exterior donde los márgenes se definen por fracciones de punto porcentual, la capacidad de anticipar ajustes normativos y de diversificar mercados y modos de transporte se perfila como la principal herramienta para sostener la competitividad exportadora de la región.
Fuente: Infobae