El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), Manuel María Mercedes Medina, reveló que decidió retirarse de la comisión encargada de elaborar las bases para la reforma de la Policía Nacional al considerar que las recomendaciones presentadas al presidente de la República nunca fueron implementadas.
Mercedes explicó que formó parte del equipo técnico que diseñó un documento con propuestas para transformar la institución policial. Sin embargo, aseguró que, una vez entregado al Poder Ejecutivo, el contenido fue ignorado, por lo que optó por abandonar el proceso al entender que el trabajo realizado quedó reducido a “letras muertas”.
Durante una entrevista en Despierta con CDN, el activista sostuvo que la reforma policial no ha atacado las causas estructurales de los problemas de la institución. A su juicio, las acciones emprendidas se han concentrado en mejoras salariales y en las condiciones de vida de los agentes, sin una verdadera depuración, sin cambios en la formación policial ni mecanismos efectivos para combatir la impunidad.
Ejecuciones extrajudiciales
Mercedes afirmó que entre 2018 y 2025 se registraron alrededor de 4,500 muertes en alegados “intercambios de disparos”, mientras que solo en 2025 se contabilizaron 189 casos. Indicó que la mayoría de las víctimas tenían entre 18 y 35 años.
Describió cómo las ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes del orden, son una “lacra al estado social, democrático y de derecho”.
“Cuando hemos estudiado, no todos esos casos, una mayoría de casos, nos damos cuenta de que el 70% al 75% resulta en ejecuciones como lo que acaba de suceder en este fin de semana en Guajimía”, enfatizó
Grandes males de la reforma
Asimismo, señaló que el proceso de reforma presenta tres grandes deficiencias: la ausencia de una depuración de los cuerpos policiales, la falta de formación de una policía adaptada a un Estado democrático y social de derecho, y la permanencia de la impunidad que, según dijo, permite la continuidad de prácticas violentas.
El presidente de la CNDH-RD también denunció que la entidad ha documentado casos de personas que aparecieron muertas tras ser detenidas, presuntas torturas para obtener confesiones y fugas de privados de libertad que, según afirmó, fueron facilitadas mediante pagos.
En ese sentido, sostuvo que cuando un agente del Estado priva de la vida a una persona se configura una violación a los derechos humanos, por lo que considera que estos hechos responden a un problema sistémico y no a incidentes aislados.
Aunque reconoció avances puntuales, como mejoras en las condiciones laborales de algunos agentes y actuaciones de directores regionales frente a denuncias, insistió en que la reforma requiere una transformación de fondo basada en la depuración, la capacitación y la aplicación de consecuencias para quienes cometan abusos.
Finalmente, Manuel María Mercedes advirtió sobre las dificultades del sistema judicial, al señalar que más de 60 personas permanecen privadas de libertad sin ser presentadas ante un juez dentro del plazo legal de 48 horas y que cada mes se emiten alrededor de 600 órdenes de prisión, situación que, afirmó, aumenta la presión sobre el sistema penitenciario.