San Juan, Puerto Rico. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) confirmó este miércoles la liberación bajo fianza de Aracelys Terrero, una ciudadana dominicana que fue privada de libertad de manera irregular en Cabo Rojo, a pesar de contar con documentos migratorios válidos y protección legal.
“La detención de Aracelys nunca debió haber ocurrido. Las autoridades municipales, estatales y federales deben rendir cuentas.
Celebramos que hoy pueda reunirse con su familia, pero seguimos alertas porque no es un caso aislado”, expresó Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU en Puerto Rico.
Terrero, quien reside legalmente en la isla con permiso de trabajo y amparo bajo la Ley VAWA (protección para sobrevivientes de violencia de género), fue detenida por un agente de la Policía Municipal sin orden judicial.
Luego fue entregada a la Oficina de Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP), a pesar de mostrar una visa vigente y documentación legal en regla.
La ACLU denunció que el agente municipal no tenía autoridad para referir casos migratorios a instancias federales, por lo que calificaron el arresto como una acción arbitraria y “un atentado contra los principios más elementales de humanidad”.
Luego de su detención, Aracelys fue trasladada a centros de detención en Florida, Texas y Nuevo México, sin ser ubicada en el sistema electrónico durante días, lo que generó angustia en su entorno familiar y violaciones al debido proceso legal.
Su abogado, Ángel Robles, quien trabaja el caso junto a la ACLU, denunció que “el Gobierno de Puerto Rico y sus fuerzas del orden no pueden convertirse en cómplices de la barbarie.
Estas prácticas reflejan una política de exclusión que no representa los valores de un pueblo que históricamente ha sido solidario”.
Aunque Aracelys ya se encuentra con su familia, el proceso administrativo migratorio sigue abierto. La vista de fianza se celebró este martes, y la defensa insiste en que aún enfrenta una carga emocional, física y económica considerable.
Como parte de sus acciones legales, la ACLU envió una carta oficial a la gobernadora Jenniffer González Colón el pasado 9 de junio.
En ella solicitó que se haga pública toda la información compartida con autoridades federales sobre inmigrantes, además de los protocolos para garantizar el debido proceso y la protección de sobrevivientes de violencia de género.
También se pidió la suspensión de cualquier política o medida que permita detenciones migratorias sin una orden judicial, especialmente en ausencia de acuerdos formales como el 287(g), que delega funciones federales a autoridades locales.
El caso de Aracelys ha reavivado el debate sobre los derechos de las personas migrantes en Puerto Rico y el rol que deben jugar las autoridades locales.
Organizaciones como la ACLU han reiterado que seguirán presionando para que se garantice el respeto a la dignidad y los derechos humanos de cada persona, sin importar su nacionalidad.