En la zona cero persiste un olor a cemento viejo que no abandona el lugar. Parte de la estructura de la antigua discoteca Jet Set sigue ahí, como una cicatriz que la ciudad no termina de cerrar.
Cada día 8, quienes perdieron algo en ese techo, una hija, un hermano, la propia piel o son sobrevivientes, regresan.
Este lunes fue el decimocuarto regreso. Y como en cada uno de ellos, el padre Rogelio Cruz celebró la misa en la zona cero, rodeado de familiares, sobrevivientes y el peso colectivo de una tragedia que nadie ha podido procesar del todo.
La liturgia mensual es también una forma de decirle al sistema judicial que la memoria no prescribe. Que 236 muertos no se olvidan con el paso de los meses ni con la lentitud del proceso.
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“El primer año fue pedir justicia. Ya no es pedir, sino exigir justicia. ¿Cómo es posible que frente a un hecho como este los responsables estén disfrutando en su casa? Mándelos a una cárcel como todo el mundo. Eso es privilegio”, exigió el padre Rogelio Cruz.
El sacerdote no habla solo de condena moral, también de recalificación jurídica. Para él y para el comité de familiares y sobrevivientes que se ha articulado alrededor de esta causa, el cargo de homicidio involuntario no refleja lo ocurrido.
Argumentan que hubo conocimiento previo del riesgo, conducta sostenida en el tiempo y responsabilidad individual que debería desglosarse víctima por víctima, no tratarse como un hecho colectivo genérico.
La fecha que todos miran
El reloj judicial marca el próximo lunes 15 de junio a las 10:00 de la mañana. Esa es la hora en que el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, leerá su decisión sobre si Antonio y Maribel Espaillat serán enviados a juicio de fondo por el colapso.El Ministerio Público, por su parte, ha reiterado que buscará las penas máximas contempladas en el Código Penal.
Dos versiones técnicas enfrentadas
Lo que divide a las partes no es ya si el caso va a juicio, sino cómo llega. El órgano acusador sostiene que el peritaje establece las causas del colapso con claridad. La defensa presentó un informe técnico fechado el 14 de mayo que atribuye el derrumbe a fallas ocultas de construcción y deterioro interno progresivo, no a sobrecarga, contradiciéndole el argumento al Ministerio Público.Ramona Patricio, madre de Stephanie Avendaño Patricio
“Mi hija tenía 23 años. Era una profesional. No merecía esa muerte tan cruel. No estaba haciendo nada malo: vino a una fiesta, a divertirse, como todo el que iba ahí creyendo que era un lugar confiable. Justicia. Eso es lo único que pedimos. Que se cambie la recalificación, porque eso no puede ser involuntario. Ellos sabían”, imploró.Habla de los hermanos Espaillat que, a 14 meses del colapso, duermen en sus casas bajo medidas de coerción, mientras ella vive con la ausencia.
Exigen Justicia
En la zona cero, entre velas y fotografías de los que ya no están, el padre Cruz lo resumió con una frase que los familiares han hecho propia: ya no se pide justicia. Se exige. Y el 15 de junio, frente al Juzgado de Instrucción, muchos de ellos estarán de pie, esperando.
El miércoles, el debate llega a la UASD
El comité de familiares y sobrevivientes no espera pasivo la decisión del juez. Para el miércoles 10 de junio, entre la una y las seis de la tarde, organizaron un panel jurídico en el paraninfo Profesor Michel de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
El encuentro reunirá abogados, ingenieros, arquitectos y psicólogos forenses que analizarán las pruebas del caso, el comportamiento de los imputados y los argumentos para sostener una recalificación del tipo penal.
“No es un simple homicidio involuntario por negligencia. Aquí hubo dolo eventual, un conocimiento amplio de lo que estaba pasando y una conducta criminal que las pruebas señalan con claridad. Queremos dejarle eso claro a la sociedad y también al juez Raymundo Mejía”, manifestó Ana María Ramírez, sobreviviente.
El panel del miércoles es para que la ciudadanía entienda qué ocurrió, qué está en juego el 15 de junio, y por qué la recalificación importa no solo para las 236 familias en duelo y a los sobrevivientes, sino para la forma en que la República Dominicana decide tolerar, o no, la impunidad estructural.