En medio de la incertidumbre sobre las negociaciones para detener el conflicto con Estados Unidos e Israel, el régimen de Irán ha endurecido su control interno. Durante las últimas semanas, las autoridades han incrementado las detenciones, las prohibiciones y los castigos contra individuos y negocios señalados por violar normas consideradas contrarias al islam, mientras el aparato estatal fortaleció la vigilancia sobre la oposición luego de las protestas ocurridas en enero.
Estas acciones forman parte de una estrategia que el gobierno presenta como un intento de consolidar el “frente interno y la unidad” frente a la presión exterior. Diferentes funcionarios clericales, políticos y militares han subrayado la necesidad de mantener la cohesión nacional y han mostrado una menor tolerancia hacia cualquier expresión de disidencia.
Durante una entrevista en televisión transmitida el miércoles por la noche, el presidente Masoud Pezeshkian calificó los sucesos de enero como “amargos e inolvidables”. En esa misma intervención, el mandatario señaló al presidente estadounidense Donald Trump y al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu como responsables de avivar las protestas. Según su versión, ambos líderes intentaron desestabilizar a la República Islámica mediante movilizaciones organizadas en varias ciudades iraníes.
El aparato de seguridad ha combinado ejecuciones, arrestos, confiscaciones de propiedades y un riguroso control sobre internet y los medios de comunicación. Además, se ha mantenido una fuerte presencia de fuerzas armadas y grupos leales al régimen en las calles de Teherán y otras localidades durante la noche.
Las autoridades iraníes califican las protestas de enero como un intento de golpe de Estado orquestado desde Washington y Jerusalén. De acuerdo con la versión oficial, agentes de la CIA y del Mossad se infiltraron entre los manifestantes para incitar a la violencia, atacar edificios gubernamentales y causar daños materiales. El régimen asegura que 3.117 personas murieron, principalmente durante las noches del 8 y 9 de enero, y rechaza las cifras más altas divulgadas por organizaciones de derechos humanos y funcionarios estadounidenses.
Uno de los episodios más recientes tuvo lugar el 28 de julio en la plaza Alikhani, en Isfahán. Allí, dos jóvenes fueron ejecutados en público mediante ahorcamiento bajo una fuerte custodia de las fuerzas de seguridad. Los acusados enfrentaban cargos de moharebeh, o “declarar la guerra a Dios”, y de “corrupción en la Tierra”, delitos que las autoridades vinculan con incendios provocados y con la muerte de miembros de las fuerzas de seguridad durante los disturbios.
Familiares y vecinos intentaron impedir la ejecución, pero las fuerzas de seguridad los dispersaron por la fuerza. En redes sociales circularon videos que, al parecer, mostraban disparos.
Otros dos jóvenes ya habían recibido la pena capital en el mismo caso. Además, ocho personas siguen bajo amenaza de ejecución dentro del proceso de Isfahán, que involucra a 16 acusados. También hay procesos similares en esa provincia y en otras regiones del país.
El miércoles, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, informó que “al menos 56 personas han sido ejecutadas por cargos relacionados con la seguridad nacional desde el 19 de marzo”. Según precisó, 27 de esos casos corresponden a personas vinculadas con las protestas nacionales de enero y más de 100 personas corren el riesgo de ser ejecutadas por cargos similares.
Las autoridades iraníes sostienen que las ejecuciones buscan impedir acciones contra la seguridad nacional en un escenario marcado, según afirman, por intentos de Estados Unidos e Israel de derrocar a la República Islámica.
En esa línea, el jefe del Poder Judicial, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, afirmó en enero que “la aplicación oportuna e inmediata de los castigos para los alborotadores es uno de los elementos disuasorios”.
La ONU y organizaciones internacionales de derechos humanos reclamaron el fin de las ejecuciones. La organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Oslo, informó que las ejecuciones aumentaron un 68% y superaron las 1.600 personas durante 2025, la cifra más alta desde 1989.
Organizaciones de derechos humanos también denunciaron que los tribunales revolucionarios celebran audiencias a puerta cerrada, mientras los acusados sufren abusos y las familias reciben presiones para no hablar con los medios. Siete expertos y relatores especiales de la ONU advirtieron la semana pasada: “Tal como están las leyes nacionales actualmente, es imposible participar en cualquier protesta crítica con el Estado sin arriesgarse a sufrir represalias y persecución”.
Los especialistas agregaron: “Este ciclo solo se romperá cuando se abra el espacio cívico y se garantice la libertad de reunión pacífica y de expresión”. También señalaron: “La lógica parece clara: infundir miedo en la sociedad, disuadir futuras manifestaciones y silenciar la disidencia. Sin embargo, la represión solo engendra más disidencia”.
En paralelo, la Fiscalía de Teherán abrió causas contra usuarios de internet acusados de respaldar a personas ejecutadas tras las protestas. El presentador de la televisión estatal Mohsen Azadi también cuestionó públicamente a la ex viceministra de Cultura Nadereh Rezaei después de que ella publicara un mensaje en el que sostuvo que las ejecuciones generan odio.
Las autoridades mantienen además un fuerte control sobre el acceso a internet. Durante las protestas suspendieron la conexión internacional durante tres semanas y, tras el inicio de la guerra el 28 de febrero, mantuvieron nuevas restricciones durante tres meses. Aunque parte de la conectividad volvió, numerosos servicios de mensajería y sitios web internacionales continúan bloqueados.
La presión estatal también alcanzó los espacios sociales y comerciales. En las últimas semanas cerraron decenas de comercios, cafeterías, restaurantes, gimnasios, librerías, centros culturales, páginas web y tiendas virtuales por presuntas infracciones a las normas islámicas o por motivos vinculados con la seguridad. Los controles afectaron a estudiantes, docentes, abogados, escritores, actores y miembros de minorías. El periódico reformista Shargh informó que estudiantes identificados con la disidencia fueron víctimas de difusión de datos personales en canales anónimos de Telegram. El Consejo Coordinador de las Asociaciones Sindicales de Profesores Iraníes denunció que varios estudiantes recibieron citaciones o quedaron detenidos por cargos relacionados con la seguridad nacional.
El actor Reza Kianian difundió en Instagram un mensaje compartido por miles de personas en rechazo a las muertes ocurridas durante las protestas y a las ejecuciones posteriores. El texto expresó: “No puedo fingir que todo es normal. Nuestro dolor compartido no debe perderse en medio del ajetreo de la vida cotidiana”.
Fuente: Infobae