Santo Domingo.- El comisionado ejecutivo para la Reforma Policial, Luis Ernesto García Hernández, afirmó que el uso de la fuerza por parte de los agentes debe ser una medida excepcional y aseguró que las denuncias sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales deben ser investigadas por las autoridades competentes, evitando emitir juicios sobre casos específicos que se encuentran bajo investigación.
Durante una entrevista, García Hernández fue cuestionado sobre los denominados «intercambios de disparos» y las críticas de que algunos de esos casos corresponderían a ejecuciones extrajudiciales. En respuesta, indicó que no se referiría a hechos concretos debido a que son investigados por el Ministerio Público y corresponden a distintas dependencias de la Policía Nacional.
El funcionario sostuvo que la reforma policial ha fortalecido los protocolos sobre el uso de la fuerza, señalando que la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional ha impulsado cambios en la formación, el entrenamiento y el sistema disciplinario de los agentes.
Explicó que durante los últimos dos años se desarrolló un modelo especializado de intervención para el uso de la fuerza y que actualmente la institución cuenta con 70 instructores certificados en esta materia, además de entrenamiento en armas menos letales. Agregó que 8,400 de los 25,000 policías preventivos han recibido capacitación bajo estos nuevos estándares, con el objetivo de garantizar actuaciones proporcionales y ajustadas a la ley.
Al ser preguntado sobre si existe una práctica sistemática de ejecuciones dentro de la Policía Nacional, García Hernández respondió que no puede hacer esa afirmación. Indicó que el Gobierno, el Ministerio de Interior y Policía, la Dirección General de la Policía Nacional y el presidente de la República participan semanalmente en reuniones de seguimiento para supervisar los procedimientos policiales y garantizar que se apeguen al marco legal.
Asimismo, señaló que en esas evaluaciones también participa la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, como parte de un mecanismo de supervisión y rendición de cuentas sobre las actuaciones policiales.
El comisionado reiteró que corresponde al Ministerio Público investigar cada caso y determinar responsabilidades, mientras la reforma policial continúa implementando mecanismos de supervisión, derechos humanos y acompañamiento a las unidades operativas para fortalecer la transparencia y la legalidad en el uso de la fuerza.