La ley permitirá que pacientes con enfermedades graves e incurables puedan acceder a la «ayuda para morir», aunque antes deberá superar la revisión del Consejo Constitucional.
La Asamblea Nacional de Francia aprobó este miércoles de forma definitiva la ley que legaliza la eutanasia y el suicidio asistido, una de las reformas sociales más importantes impulsadas por el presidente Emmanuel Macron durante su segundo mandato.
El proyecto fue aprobado con 291 votos a favor y 241 en contra, tras un intenso y prolongado debate político y social que se extendió por casi dos años y enfrentó en varias ocasiones a la Cámara Baja con el Senado, de mayoría conservadora.
La votación representa un punto de inflexión en la legislación francesa sobre el final de la vida y coloca al país entre las naciones europeas que han decidido regular el derecho de determinados pacientes a poner fin a su sufrimiento bajo estrictas condiciones médicas y legales.
Un largo camino hasta su aprobación
La iniciativa fue presentada a finales de 2024 por el presidente Emmanuel Macron como una de las principales reformas sociales de su administración. Desde entonces, el texto fue aprobado en dos ocasiones por la Asamblea Nacional, pero rechazado otras dos veces por el Senado, lo que obligó a nuevas negociaciones hasta alcanzar la votación definitiva.
Tras conocerse el resultado, Macron celebró la decisión a través de la red social X, donde agradeció a los parlamentarios por el «debate constructivo y respetuoso» que permitió sacar adelante una reforma que calificó como un avance para la sociedad francesa.
¿Quiénes podrán solicitar la eutanasia?
La nueva legislación crea el derecho a la denominada «ayuda para morir», que podrá ser ejercida por el propio paciente o, de manera excepcional, por un médico o un profesional de enfermería cuando la persona ya no tenga capacidad física para hacerlo.
Sin embargo, el acceso estará limitado a casos muy específicos.
Solo podrán solicitarlo personas que:
- Sean mayores de 18 años.
- Tengan nacionalidad francesa o residencia legal en Francia.
- Padezcan una enfermedad grave, incurable y en fase avanzada o terminal.
- Presenten un deterioro irreversible de su estado de salud.
- Sufran dolores físicos o psicológicos derivados de la enfermedad que no puedan aliviarse o que el paciente considere insoportables.
- Mantengan plena capacidad mental para expresar libremente su decisión.
La ley aclara que el sufrimiento exclusivamente psicológico, sin una enfermedad física grave asociada, no será suficiente para acceder al procedimiento.
Un proceso con estrictos controles
La solicitud deberá realizarse por escrito ante un médico, quien tendrá un plazo máximo de 15 días para emitir una respuesta tras consultar con un equipo multidisciplinario.
Si el pedido es aprobado, el paciente deberá confirmar nuevamente su voluntad después de un período obligatorio de reflexión de dos días antes de que pueda realizarse el procedimiento.
El objetivo, según el texto legal, es garantizar que la decisión sea plenamente consciente, libre y meditada.
La ley aún no entrará en vigor
Aunque el Parlamento ya dio su aprobación definitiva, la norma todavía deberá pasar por el Consejo Constitucional, luego de que el Gobierno francés decidiera someterla a revisión.
El Ejecutivo busca que el máximo órgano constitucional analice varios puntos que han generado controversia, entre ellos el período de reflexión de apenas dos días, las garantías para las personas bajo tutela judicial y el alcance de la objeción de conciencia de médicos y centros de salud que se oponen a practicar la eutanasia.
El presidente del Senado, Gérard Larcher, también anunció que presentará un recurso ante el Consejo Constitucional para que revise la legalidad del texto.
Un debate que divide a Francia
La aprobación de esta ley marca un momento histórico para Francia y reaviva el debate sobre el derecho a una muerte digna.
Mientras organizaciones defensoras de los derechos de los pacientes celebran la reforma como un avance en materia de libertades individuales y autonomía personal, sectores religiosos, asociaciones médicas y grupos conservadores advierten sobre los riesgos éticos y jurídicos que podría implicar su aplicación.
La decisión final del Consejo Constitucional será clave para determinar cuándo y bajo qué condiciones entrará en vigor una de las leyes más trascendentales de los últimos años en Francia.