La ministra alega afectación a su honor tras acusaciones públicas
SANTO DOMINGO. – La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, presentó una querella formal por difamación e injuria contra la comunicadora Ingrid Jorge y el abogado Ángel Martínez, tras declaraciones públicas que, según la funcionaria, atentan contra su honor y buena reputación.
El documento legal fue depositado ante la Procuraduría General de la República, solicitando una investigación sobre las afirmaciones hechas por ambos en medios de comunicación y redes sociales.
Señalamientos graves y de carácter íntimo
Jorge y Martínez aseguraron públicamente que estarían en posesión de videos de índole íntima que involucrarían tanto a la ministra Raful como a la exfuncionaria Milagros Germán. Estas declaraciones, ampliamente difundidas en plataformas digitales, motivaron la acción legal de Raful, quien considera que se trata de acusaciones infundadas con impacto directo sobre su vida personal y profesional.
Una respuesta institucional frente a la controversia
Raful ha optado por recurrir a la vía judicial como mecanismo de defensa de sus derechos fundamentales, particularmente el derecho al honor, la dignidad y la intimidad, amparados por la legislación dominicana.
El Ministerio Público tiene ahora la responsabilidad de evaluar los hechos y las pruebas, incluyendo las declaraciones de Jorge y Martínez, y determinar si existe mérito legal para avanzar con el caso.
Silencio de los acusados y expectativa pública
Hasta la fecha, ni Ingrid Jorge ni Ángel Martínez han respondido oficialmente a la querella. La ausencia de declaraciones adicionales ha mantenido en vilo a una opinión pública atenta al desarrollo de este caso, que involucra a figuras de alto perfil en el ámbito político y mediático.
En juego: el derecho a la reputación
Este proceso se enmarca dentro de los límites entre la libertad de expresión y el respeto a la integridad personal, un debate vigente en la sociedad dominicana, especialmente en tiempos donde las redes sociales amplifican toda acusación.
Se espera que en los próximos días se definan los pasos judiciales a seguir y que se establezca si las acusaciones difundidas constituyen un delito, según lo establece el Código Penal y las leyes sobre delitos electrónicos y protección de la intimidad.
