Dos economistas expertos en política fiscal internacional propusieron modernizar los sistemas de recaudación de los gobiernos para gravar los productos con alta carga impositiva en función del nivel del impacto ocasionado en la salud para reducir el comercio ilícito.
La recomendación de los expertos Christoph Rosenberg, exsubdirector de Comunicaciones del Fondo Monetario Internacional, y Marius van Oordt, experto en política fiscal y ex profesor del Instituto Africano de Impuestos de la Universidad de Petroria, se produce en un contexto donde hay esquemas fiscales vigentes a nivel global que no diferencian entre productos menos nocivos para las personas.
En su reciente artículo publicado por la revista Finance & Development del Fondo Monetario Internacional, Rosenberg y van Oordt plantean que productos como los vapes y los dispositivos de tabaco calentado —que exponen a los usuarios a menos toxinas que los cigarrillos combustibles— deberían tener una carga fiscal menor que los tradicionales.
Para los especialistas Rosenberg y van Oordt, la solución no es prohibir ni mantener el statu quo, sino adoptar un enfoque equilibrado que combine una tributación basada en riesgo con sistemas de control como sellos fiscales y licencias.
Los economistas analizaron que los sistemas adoptar la experiencia fiscal internacional de gravar según el daño o influencia permite proteger la salud pública sin sacrificar la recaudación ni alimentar mercados ilícitos.
En el artículo publicado en el FMI se detalla la experiencia de éxito de países como Nueva Zelanda, donde durante 15 años se aumentaron los impuestos a los cigarrillos tradicionales a más de un 10 % anual, ampliando deliberadamente la brecha con las alternativas menos dañinas. Como resultado, detalla el estudio, la proporción de fumadores de cigarrillos cayó del 18 % en 2012 al 8 % en 2024, mientras que el uso de vapes aumentó del casi 0 % al 14 % en el mismo período.
Países como Canadá, Georgia y Filipinas también han implementado estos mecanismos para vapeadores, logrando aumentar el cumplimiento normativo y la recaudación sin fomentar el mercado ilegal.
La realidad nacional
En la República Dominicana, el sistema de impuestos selectivos al consumo grava actualmente los cigarrillos tradicionales con un 20 % ad valorem más un monto específico por cajetilla, que para el primer trimestre de 2026 se fijó en 63.87 pesos por unidad de 20 cigarrillos, como lo establece la Dirección General de Impuestos Internos.
En el caso de los productos de vapeo y las alternativas de nicotina, la legislación dominicana no contempla un tratamiento tributario diferenciado que reconozca su perfil de riesgo reducido, a pesar de que organismos internacionales recomiendan actualizar estos esquemas.
El debate sobre modernización fiscal cobra relevancia luego de que el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, anunciara que en las próximas semanas enviará al Congreso un proyecto de ley para eliminar impuestos «anacrónicos» y corregir distorsiones tributarias.
Aunque el funcionario no detalló qué sectores serán impactados, expertos consideran que esta podría ser una oportunidad para revisar el tratamiento fiscal de los productos de nicotina y otros con influencia sobe la salud.
En paralelo, existe una preocupación por las repercusiones negativas que entraña el comercio ilícito. En el año 2024, según información de la Dirección General de Aduanas, las autoridades decomisaron más de 56 millones de unidades de cigarrillos, esto representó una evasión de alrededor de 150 millones de pesos para el fisco nacional.
Al respecto, empresas del sector han advertido que el cigarrillo ilegal funciona como fuente de financiamiento para redes criminales transnacionales.