La restricción de la publicación de encuestas electorales reguladas por La Junta Central Electoral (JCE) de inmediato dividió a la clase política, periodística y jurídica.
Omar Fernández, senador de la Fuerza de Pueblo, asumió una postura de acatamiento cauteloso. Dijo respetar lo que dictamine la Junta, pero advirtió que las encuestas no desaparecerán del escenario político: seguirán realizándose para consumo interno, como herramientas de trabajo y como instrumentos científicos para medir el pulso del país. “Las encuestas no hay que tenerle miedo. Reflejan lo que se siente hoy, y en base a eso hay que trabajar”, señaló el legislador capitalino, dejando claro que su uso privado continuará al margen de cualquier restricción sobre su publicación.
Desde el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), su secretario general Johnny Pujols reconoció la competencia de la JCE para tomar la decisión.Indicó que incluso el partido morado fue consultado durante las discusiones previas del año pasado, pero disparó contra el momento escogido. “Se considera un poco sospechoso que se tome en un momento en el que el partido perjudicado es el partido de gobierno”, sostuvo.
El argumento del PLD fue preciso, “durante meses las encuestas golpearon a ese partido sin que la Junta interviniera; la regulación llega ahora, cuando los números presionan al oficialismo”. El abogado Manuel Fermín Cabral aportó el encuadre jurídico.
Explicó que la JCE actúa dentro de la potestad reglamentaria amplia que le otorga el artículo 212 de la Constitución, que el proceso fue participativo y que la Junta motivó adecuadamente su decisión. Citó además jurisprudencia del Tribunal Constitucional para subrayar que la libertad de empresa y la libertad de expresión no son derechos absolutos y pueden regularse siempre que se preserve su núcleo esencial. “La Junta no ha dicho que no se van a publicar encuestas, solo ha establecido cuándo”, aclaró el abogado experto en derecho administrativo.
Desde el ojo periodístico también debaten, el expresidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Aurelio Henríquez, considera que las encuestas contratadas por los medios de comunicación deben publicarse.
“Estas tienen el objetivo de cumplir con el derecho de los ciudadanos de estar informados, como un derecho fundamental, consagrado en la Constitución, deben darse a conocer sin regulación alguna porque de lo contrario vulneraría el derecho a la libertad de expresión y difusión del pensamiento”, argumentó.
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La resolución va más allá de lo que establece la Ley 20-23, del régimen electoral, cuyo artículo 216 únicamente prohíbe difundir encuestas en los ocho días previos a una elección. La JCE argumentó que su publicación fuera del calendario electoral puede convertirse en una forma de promoción política anticipada que genera ventajas indebidas para quienes figuran en ellas.