El coordinador general de Participación Ciudadana, Francisco Álvarez Valdez (Pancho Álvarez), explicó que el nuevo Código Penal entró en vigor ayer, con una única excepción: la responsabilidad penal de las personas jurídicas, cuya aplicación fue aplazada hasta el próximo 5 de noviembre para permitir que empresas y sociedades se adapten a las nuevas disposiciones.
Durante una entrevista en Despierta con CDN, Álvarez explicó que esa prórroga representa un período de preparación para el sector empresarial, ya que la nueva legislación incorpora sanciones patrimoniales y multas para las personas jurídicas que incurran en determinados delitos.
“La responsabilidad penal de las personas morales compromete el patrimonio y por eso hay que prestarle mucha atención”, expresó.
El dirigente de Participación Ciudadana respaldó la entrada en vigencia del Código Penal este 3 de agosto, aunque reconoció que la legislación todavía requiere ajustes que, a su juicio, deben canalizarse a través de la comisión de seguimiento creada mediante decreto presidencial.
Álvarez destacó que el nuevo Código incorpora alrededor de 70 nuevos tipos penales y fortalece las herramientas para perseguir delitos de corrupción, e incluye figuras como el conflicto de interés y el tráfico de influencias.
No obstante, consideró que aún persisten aspectos por mejorar, entre ellos la necesidad de declarar imprescriptibles los delitos de corrupción, al entender que el régimen actual presenta inconsistencias frente a otros crímenes que sí carecen de prescripción.
El coordinador de Participación Ciudadana reiteró la posición de la organización de que la difamación y la injuria deben dejar de ser delitos penales y pasar a conocerse exclusivamente por la jurisdicción civil.
A su juicio, mantener esas figuras en el ámbito penal puede incentivar la autocensura y convertirse en un mecanismo de presión contra periodistas y ciudadanos que ejercen su derecho a la libertad de expresión.
Convocatoria CNM
Álvarez también se refirió a la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura para evaluar a 11 de los 17 magistrados de la Suprema Corte de Justicia, proceso que consideró debe sustentarse en criterios estrictamente técnicos.
Señaló que las evaluaciones contemplan indicadores objetivos, como la calidad de las sentencias, el desempeño y el porcentaje de decisiones revocadas, al tiempo que defendió la realización de entrevistas públicas para fortalecer la transparencia del proceso.
Indicó que la comisión de seguimiento del Código Penal deberá asumir una doble función: orientar a la ciudadanía sobre la aplicación de la nueva legislación e identificar los aspectos que requieran futuras modificaciones con la participación de distintos sectores sociales.
Álvarez expresó preocupación por la prolongación de algunos procesos de corrupción debido a incidentes procesales que retrasan los juicios y elevan los costos para el Estado, al tiempo que destacó los avances institucionales alcanzados en materia electoral y de lucha contra la corrupción, aunque insistió en que todavía existen importantes desafíos para fortalecer el sistema de justicia.