Uno abre las redes por la mañana buscando algo que no espera encontrar. No necesariamente una buena noticia. A estas alturas, sería pedir demasiado. Basta una sorpresa, una cifra capaz de interrumpir la rutina de los titulares de los diarios. Y de pronto aparece una: más de 28 mil millones de pesos entregados a los partidos durante los últimos veinticinco años.
Lo primero que sorprende no es el monto. Es la naturalidad con la que pasa delante de nuestros ojos. Se lee en unos segundos y se sigue adelante. Como quien mira el pronóstico del tiempo o el resultado de un partido que terminó anoche.
Veintiocho mil millones de pesos.
La cifra permanece ahí, inmóvil, pero cuesta relacionarla con algo concreto. Uno intenta traducirla. Escuelas. Hospitales. Bibliotecas. Carreteras. Lo difícil es señalar una transformación visible de la vida política y decir: ahí está una parte de ese dinero que salió del bolsillo de todos.
Los partidos necesitan recursos. Nadie discute eso. Mantener estructuras, organizar actividades, celebrar procesos y competir en elecciones cuesta dinero. El problema empieza cuando el financiamiento deja de generar preguntas.
Incluso quienes simpatizan con un partido deberían preguntarse si el sistema funciona como debería. Durante mis años de militancia nunca recibí dinero para movilizarme. Tampoco un salario partidario, ni un vehículo, ni un teléfono. Participaba con mis recursos, modestos, pero míos. Quizá por eso me cuesta entender una estructura que recibe fondos públicos y que, aun así, sigue ofreciendo poca información comprensible para la mayoría de los ciudadanos.
La situación se vuelve más difícil de justificar cuando los mecanismos de control parecen insuficientes. Los partidos tienen la obligación de presentar informes de gastos y sustentar desembolsos. Pero cuando esos informes no llegan a tiempo, o llegan incompletos, la sensación que queda es que no ocurre gran cosa.
Los denuncian organizaciones de la sociedad civil. Los cuestionan ciudadanos. Se señalan incumplimientos. Y, sin embargo, la maquinaria sigue funcionando con una tranquilidad admirable. Como si la rendición de cuentas fuera una recomendación y no una obligación.
Mientras tanto, el país atraviesa crisis, aumentos de precios y dificultades que obligan a muchas familias a hacer malabares para llegar a fin de mes. Por eso cuesta evitar una conclusión incómoda: esta es una democracia cara. Muy cara.
Lo extraño es que el dinero que sostiene todo ese movimiento rara vez ocupa el centro de la conversación pública. Se habla de quién ganará, de quién perderá y de quién pactará con quién. Se analizan encuestas, candidaturas y estrategias. Pero pocas veces se habla de los recursos que mantienen encendida la maquinaria de los partidos. Como si preguntar por el dinero fuera una falta de educación.
De vez en cuando aparece una auditoría, un informe o una observación escondida en documentos que casi nadie lee completos. Se intercambian acusaciones, se exigen explicaciones y se anuncian investigaciones. Luego llega otro tema, otra polémica. Y la atención se desplaza.
Quizá ahí resida la fortaleza real del sistema. No en la cantidad de dinero que distribuye, sino en la velocidad con la que consigue que nos acostumbremos a ella y cuando eso ocurre, la vigilancia empieza a debilitarse.
La democracia necesita reglas. Pero también ciudadanos que hagan preguntas. Preguntas elementales. Preguntas que no deberían molestar a nadie: ¿qué hacen los partidos con el dinero que aportamos todos?