El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cuestionó este lunes los procedimientos actuales de la Policía Nacional.
Denunció que el Gobierno destinó RD$8,389 millones entre 2024 y 2025 para la reforma de la Policía Nacional, con resultados que demuestran un fracaso rotundo.
La organización política plantea que el problema no es presupuestario, sino una falla de origen en la formación humana y la supervisión de los agentes en las calles.
Sigfrido Pared Pérez, exministro de Defensa y miembro del Comité Político peledeísta, enfatizó que el problema central radica en la falta de supervisión efectiva sobre las patrullas que operan en las calles.
Según el dirigente: “Hay que entender cómo se manda una patrulla a las calles; esa patrulla debe tener un responsable y que ese responsable sea quien tenga el control de su personal”. Pared Pérez añadió que es imperativo establecer un nivel de uso efectivo de la fuerza para controlar y evitar que ciudadanos, incluso ante faltas administrativas, resulten afectados físicamente por un mal manejo de la autoridad policial.
Por su parte, el vicepresidente del PLD, Iván Lorenzo, calificó como un hecho bochornoso que los procesos judiciales hayan sido sustituidos por ejecuciones policiales.
Lorenzo denunció que las reuniones semanales de la fuerza de tarea conjunta, en las cuales participan el Ministerio Público, las autoridades policiales y el Ejecutivo, fomentan un “maridaje entre el Ministerio Público que viene de diferentes demarcaciones junto con los policías que asesinan”. El vicepresidente agregó: “Mientras el presidente hoy ofrece la condolencia, a los familiares del joven abatido en Herrera, él recibe toda la semana el parte diario de cuántos dominicanos fusila la Policía Nacional sin consecuencias”.
Ante este escenario el partido exigió al Gobierno el esclarecimiento hasta sus últimas consecuencias del caso del joven Darlin Mercado Reyes mediante una investigación penal independiente y transparente, así como la suspensión inmediata de los agentes involucrados mientras duren las investigaciones y la preservación íntegra de todas las evidencias, incluyendo grabaciones.
Asimismo, la organización solicitó que este hecho marque un punto de inflexión para impulsar una reforma policial profunda, centrada en la formación humana y profesional, y no solo en salarios, equipos y estructuras.
El Estado tiene la obligación de proteger
El PLD reiteró la necesidad de implementar las medidas propuestas desde septiembre de 2025, tales como el uso obligatorio de cámaras corporales, la publicación de un parte técnico en 72 horas y la creación de un tablero mensual de uso de la fuerza con datos abiertos y auditoría externa.
Instó al Ministerio Público, específicamente a la procuradora general adjunta Jenny Berenice Reynoso, a asumir su responsabilidad.