He seguido con atención, en los últimos cinco años, los procesos judiciales que han involucrado a antiguos funcionarios del Estado. Algunos me parecen responsables de los hechos que se les atribuyen.
Otros, en cambio, transmiten la sensación de haber quedado atrapados en una maquinaria donde la justicia, la política y el espectáculo público se mezclan demasiado. No tengo pruebas para afirmar que exista una mano moviendo cada decisión, pero tampoco ignoro el clima que se fue construyendo durante años. Hubo indignación legítima. También hubo campañas permanentes, titulares incendiarios, programas de opinión, canales de YouTube y redes sociales que convirtieron la condena anticipada en un reclamo nacional en la marcha verde.
La historia juzgará a fiscales, procuradores, jueces y gobernantes. Lo hará con más serenidad que nosotros, que solemos opinar cuando todavía cae el polvo de los acontecimientos. El tiempo tiene una ventaja que los tribunales y los periódicos no poseen: escucha a todos.
Sin embargo, lo que realmente me preocupa hoy no son los expedientes ni las ruedas de prensa. Me preocupan los funcionarios públicos. Empiezo a pensar que cada vez menos personas querrán ocupar una posición de responsabilidad en el Estado, salvo aquellas que persigan poder, influencia o algún beneficio particular. Servir al país debería ser un honor. Poco a poco parece convertirse en una actividad sospechosa desde el primer día.
Cuando observo debates recientes sobre instituciones tan sensibles como Senasa, percibo algo más profundo que una discusión administrativa. Veo una sociedad cansada, desconfiada y convencida de que detrás de cada escritorio existe una trampa. Esa desconfianza no nació sola. Fue sembrada durante décadas por gobiernos que permitieron actos de corrupción sin consecuencias ejemplares. Cada caso olvidado dejó una huella. Cada expediente archivado enseñó una lección equivocada. Cada privilegio protegido alimentó la idea de que robar desde el poder era una falta negociable.
Hoy vivimos una paradoja inquietante. Hay quienes desvían recursos públicos, devuelven una parte de lo obtenido y terminan presentándose como personas rehabilitadas. La exigencia moral se ha vuelto tan baja que el simple acto de devolver lo robado parece suficiente para reclamar aplausos. No debería ser así.
La responsabilidad también alcanza a la justicia. Durante años hemos visto cuestionamientos sobre independencia, salarios insuficientes, presiones políticas y mecanismos de designación que despiertan dudas. Un sistema judicial débil termina siendo una invitación al robo para quienes creen que siempre encontrarán una puerta de salida.
Me pregunto si ese es el país que queremos construir. Yo no lo quiero. No quiero acostumbrarme a observar fortunas imposibles, patrimonios que no encajan con los años trabajados ni con los ingresos declarados. No quiero aceptar como normal que personas sin empresas conocidas exhiban niveles de riqueza difíciles de explicar.
El político que roba y luego ocupa una función pública no merece indulgencia. Robar al pueblo significa quitar oportunidades, deteriorar servicios y jugar con la salud y la dignidad de quienes menos tienen. El castigo justo no es venganza. Es una obligación de la democracia.
Porque cuando el dinero público desaparece, no desaparecen números en una hoja. Desaparecen medicamentos, aulas, carreteras, equipos para hospitales y oportunidades para miles de familias. El daño de la corrupción rara vez se ve en una fotografía, pero se siente en la espera interminable de una consulta, en una escuela que no termina de construirse y en la frustración de ciudadanos que cumplen la ley mientras observan cómo otros prosperan violándola cada día sin consecuencias reales.
Demuéstrame lo contrario…