Primero fue la reforma laboral. Después la modificación de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. En medio quedaron las discusiones sobre el Código Penal, los costos de los pagos electrónicos y una serie de iniciativas que avanzaron con procedimientos acelerados o declaratorias de urgencia. Cada una tiene su propia historia, sus propios argumentos y sus propios defensores. Sin embargo, observadas en conjunto, comienzan a mostrar algo mucho más importante que cualquiera de esas leyes por separado: una forma de legislar que merece ser analizada antes de que sus consecuencias resulten irreversibles.
En la discusión de la reforma laboral, representantes del sector empresarial manifestaron públicamente que aspectos del texto finalmente conocido diferían de lo consensuado durante las mesas de diálogo. Con la reforma de la Ley de Residuos Sólidos ocurrió otra controversia. Empresas advirtieron que enfrentarían incrementos extraordinarios en los pagos por disposición de residuos, incluso en casos donde la generación de desechos era mínima o la actividad económica prácticamente inexistente. Algunas denunciaron aumentos que, según sus cálculos, multiplicaban varias veces lo que pagaban anteriormente. Más allá de quién tenga la razón jurídica o política, ambas discusiones dejaron instalada una misma inquietud: ¿qué ocurre cuando quienes participan en un proceso de consenso sienten que el resultado final ya no refleja lo construido durante ese proceso?
La respuesta trasciende cualquier ley. Porque las democracias no viven únicamente de votos. Viven de confianza. Confianza en que las reglas serán previsibles. En que las consultas públicas tendrán efectos reales. En que el diálogo no será un simple requisito antes de una decisión ya tomada. Y cuando esa confianza comienza a deteriorarse, también empieza a deteriorarse el capital institucional de un país.
Ese capital no aparece en las estadísticas económicas ni puede medirse en pesos. Sin embargo, explica por qué unas naciones atraen inversiones, resuelven conflictos mediante acuerdos y mantienen estabilidad durante décadas, mientras otras convierten cada reforma en una nueva fuente de confrontación. Las instituciones fuertes no nacen porque todos estén de acuerdo. Nacen porque incluso quienes pierden una discusión conservan la certeza de que fueron escuchados y de que las reglas del juego fueron respetadas.
Las prioridades legislativas también comunican una visión de Estado. Mientras el país debate reformas que generan fuertes impactos económicos sobre empresas, trabajadores y consumidores, otras transformaciones estratégicas continúan esperando. La legislación sobre drogas fue concebida en una realidad criminal que ya no existe. La reforma integral de la gestión del agua sigue siendo una deuda frente a uno de los mayores desafíos ambientales y productivos del siglo XXI. La transformación de la Policía Nacional continúa siendo una necesidad ampliamente reconocida para fortalecer la seguridad ciudadana. Y la reforma de la seguridad social permanece como uno de los acuerdos más complejos que la República Dominicana deberá construir en los próximos años.
Ninguna de esas discusiones admite respuestas simples. Precisamente por eso exigen más deliberación, más evidencia técnica y mayor capacidad para construir consensos duraderos. Cuando las prioridades comienzan a medirse por la velocidad con que se aprueban las leyes y no por la profundidad con que resuelven los problemas, aparece un fenómeno ampliamente estudiado por la ciencia política: el populismo legislativo. La actividad del Congreso empieza a evaluarse por la cantidad de normas producidas y no por la calidad institucional que esas normas fortalecen.
Junto a ese fenómeno surge otro menos visible: la inflación legislativa. Así como la inflación monetaria reduce el valor del dinero, la inflación normativa puede terminar reduciendo el valor de la propia ley. Cada problema parece encontrar la misma respuesta: más regulación, más obligaciones, más contribuciones, más procedimientos. Individualmente muchas de esas medidas pueden perseguir objetivos legítimos. Pero acumuladas, incrementan la incertidumbre, elevan los costos regulatorios y dificultan la planificación de quienes producen, invierten o generan empleo.
La economía termina sintiendo ese efecto. Ninguna empresa absorbe indefinidamente nuevos costos sin que estos repercutan sobre sus decisiones. Un aumento regulatorio puede traducirse en menores inversiones, menos contrataciones o mayores precios para el consumidor. Por eso las grandes reformas requieren algo más que buenas intenciones. Necesitan estudios de impacto, gradualidad cuando sea posible, reglas claras y, sobre todo, legitimidad suficiente para que quienes deban cumplirlas entiendan por qué existen y confíen en ellas.
El mayor riesgo, sin embargo, todavía no está aquí. La República Dominicana tendrá que sentarse a negociar reformas mucho más trascendentes que cualquiera de las discutidas recientemente. La seguridad social exigirá acuerdos entre trabajadores, empleadores, Estado, prestadores de servicios y aseguradoras. Ninguna de esas conversaciones podrá construirse sobre la desconfianza. Ningún gran pacto nacional será sostenible si una parte importante de quienes participan llega convencida de que el consenso alcanzado puede modificarse sustancialmente durante el trámite legislativo.
Las instituciones no suelen debilitarse de golpe. Se erosionan cuando los procedimientos dejan de inspirar credibilidad y cuando el diálogo comienza a percibirse como una formalidad. Ese desgaste casi nunca produce titulares inmediatos.
Se acumula lentamente hasta que un día el país descubre que ya no logra ponerse de acuerdo ni siquiera en aquello que todos reconocen como necesario.
La República Dominicana necesita reformas. Necesita modernizar sus leyes, responder a nuevas amenazas criminales, proteger mejor sus recursos naturales y fortalecer la competitividad de su economía. Pero necesita hacerlo preservando el activo más valioso que posee cualquier democracia: la confianza.
Porque las leyes pueden modificarse. Los gobiernos cambian. Las mayorías también.
Lo verdaderamente difícil de reconstruir es la confianza de una sociedad que empieza a creer que el consenso dejó de importar.
Y ese puede ser el costo institucional más alto de todos.