Cuatro ciudadanos dominicanos continúan bajo custodia en Estados Unidos desde el 30 de septiembre, luego de un proceso de extradición coordinado entre autoridades de ambos países para responder a una investigación federal en curso.
Según documentos oficiales, esta coordinación permitió el traslado de los involucrados para su presentación inicial ante el sistema judicial estadounidense.
Los detenidos fueron identificados como Óscar Manuel Castaños García (33); Joel José Cruz Rodríguez, conocido como Paflow (33); Eduardo José Puello García (45); y Joel Francisco Mathilda León (26), señalados como miembros de una estructura que habría contactado a adultos mayores en EE. UU. mediante un mecanismo telefónico operado desde República Dominicana.
El grupo compareció el 1 de octubre de 2025 ante un tribunal federal en Boston, donde quedó formalmente detenido en espera de juicio.
La Fiscalía del Distrito de Massachusetts confirmó que la presentación se realizó bajo los protocolos habituales del sistema judicial estadounidense.
La acusación sostiene que la estructura operaba mediante llamadas telefónicas con información falsa destinadas a inducir a los adultos mayores a entregar dinero.
Esos recursos, según los fiscales, eran canalizados por intermediarios que ejecutaban movimientos financieros para sostener el esquema.
Los documentos indican que Castaños García habría dirigido el mecanismo desde República Dominicana, mientras otros colaboradores realizaban depósitos, transferencias y entregas de fondos en varias zonas de Estados Unidos, incluyendo áreas de Nueva York consideradas estratégicas durante la investigación.
Las imputaciones incluyen un cargo de conspiración para cometer fraude postal y electrónico, delito que contempla penas de hasta 20 años de prisión, tres años de supervisión y multas superiores a 250 000 dólares.
También enfrentan un cargo de conspiración para lavar dinero, que puede implicar hasta 20 años adicionales y sanciones que alcanzan 500 000 dólares o el doble de lo obtenido mediante la actividad ilícita.
Fuentes fiscales señalan que la estructura utilizaba intermediarios para dar apariencia de legitimidad a los movimientos financieros.
Sin embargo, los registros bancarios evidenciaron patrones sospechosos y transacciones repetitivas que activaron alertas en entidades estadounidenses, lo que permitió ampliar la investigación.
En República Dominicana, agencias locales habían identificado esta presunta red como “Discovery 3.0”, denominación incluida en los informes remitidos a Estados Unidos dentro del intercambio formal de información utilizado para complementar las diligencias federales.
Tras la extradición, el proceso continúa en Estados Unidos, donde los cuatro acusados permanecen detenidos mientras avanzan la revisión de pruebas, las audiencias programadas y el desarrollo del caso en la Fiscalía Federal del Distrito de Massachusetts.
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