El Ministerio Público desmanteló con la Operación Onco14 una presunta red que, desde el entorno del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), habría desviado fondos públicos destinados a tratamientos de cáncer, en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), de los pacientes del régimen subsidiado y del Estado dominicano.
La investigación abarca el manejo de unos RD$3,700 millones canalizados por el SeNaSa y administrados por el IORC, de los cuales el órgano acusador atribuye a los imputados el desvío de aproximadamente RD$148.6 millones.
Por estos hechos, el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo contra tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer: Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación y miembro de la junta directiva del IORC; Luisa Yasiris Guzmán, su actual esposa y presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta y exvicepresidenta del patronato. Los tres enfrentarán cargos por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
El conocimiento de la medida de coerción, aplazado a solicitud de las defensas para estudiar el voluminoso expediente, fue reagendado para este viernes 19 de junio.
Según el director general de Persecución, Wilson Camacho, se trata de la tercera estructura enfrentada a raíz de la investigación por el fraude al SeNaSa que comenzó con la Operación Cobra. La operación, ejecutada junto a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, con apoyo de la Policía Nacional, derivó en la ocupación de dinero en efectivo, un arma de fuego, vehículos, computadoras y documentos.
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Las maniobras señaladas
El expediente describe un catálogo de mecanismos fraudulentos. El Ministerio Público sostiene que los imputados recurrieron a fraude clínico y farmacéutico mediante el cambio de indicaciones médicas, el uso de sellos médicos falsos, la doble facturación al SeNaSa y la entrega incompleta de medicamentos a los pacientes. A ello suma la venta de fármacos donados, el contrabando con exoneraciones fiscales, el tráfico de sustancias controladas, reembolsos fraudulentos y lavado de activos.
La investigación apunta también a cómo se neutralizó la vigilancia interna: según el órgano persecutor, los imputados desarticularon los controles, eliminaron el pago mediante cheques y concentraron las finanzas en el manejo personal de Lora Cruceta vía banca por internet, excluyendo al tesorero y a la junta directiva. En esencia, dos entidades de servicio público habrían pasado a operar como una “empresa familiar” orientada al lucro personal.
Por dónde se cuela la corrupción en los medicamentos
El caso ilumina un sector especialmente sensible. En el sistema dominicano, PROMESE/CAL es la única central de suministro de medicamentos, insumos y reactivos para la red de hospitales del Servicio Nacional de Salud y abastece más de 600 Farmacias del Pueblo. Sus compras se realizan mediante licitación pública nacional, bajo la Ley 340-06, con cientos de renglones y la supervisión de notarios, peritos, el Comité de Compras y el oficial de Cumplimiento de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), y se publican en el portal comprasdominicana.gob.do.
Los riesgos clásicos aparecen en cada eslabón. En la licitación, el peligro está en pliegos hechos a la medida de un proveedor, precios sobrevaluados o el fraccionamiento de compras para esquivar el concurso. Las compras de emergencia, una excepción de la Ley 340-06 que requiere un decreto del Poder Ejecutivo y permite saltarse la competencia, ofrecen otra puerta cuando se abusa de ellas. Y, como muestra Onco14, el fraude no siempre está en la compra: puede estar “aguas abajo”, en la facturación y en la entrega de lo que se compró.
Frente a ello, el sistema dispone de controles, la DGCP como órgano rector, la Cámara de Cuentas, la Contraloría, los comités de compras y la Ley 200-04 de acceso a la información, y de mecanismos de detección como auditorías, cruces entre lo facturado y lo realmente entregado, comparación de precios y denuncias.
Precisamente fueron banderas rojas como la doble facturación y la entrega incompleta de medicamentos las que, en el caso del Cibao, terminaron destapando la presunta trama.