Los abogados penalistas Francisco Álvarez y Carlos Balcácer coincidieron en la necesidad de otorgar un año adicional de vacatio legis al nuevo Código Penal, al considerar que la sociedad dominicana, las empresas y los operadores del sistema de justicia aún no están preparados para asumir de manera inmediata todos los cambios que introduce la normativa.
Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, ambos juristas analizaron los avances y desafíos de la legislación penal que sustituyó disposiciones derivadas del Código Napoleónico de 1810 y sus adaptaciones de 1887.
Álvarez destacó que el país requería una actualización del régimen penal, especialmente frente a hechos vinculados a las tecnologías y nuevas modalidades delictivas que el antiguo texto no contemplaba.
“Trae una serie de renovaciones importantísimas”, afirmó Álvarez, al citar como ejemplos la tipificación de delitos como la estafa piramidal, la estafa inmobiliaria y la persecución de los disparos al aire.
Por su parte, Balcácer consideró positiva la modernización del marco normativo, aunque advirtió que la implementación de algunas disposiciones requerirá un proceso de adaptación tanto para el sector público como para el privado.
Álvarez cuestionó que el Código Procesal Penal y el Código Penal no fueran estudiados de forma conjunta en el Congreso, lo que calificó como un desacierto por impedir una renovación armónica del régimen penal.
Asimismo, advirtió sobre una posible “hipertrofia normativa” en los tipos penales vinculados a la lucha contra la corrupción, lo que, según explicó, podría facilitar la estructuración de expedientes dependiendo de quién realice las investigaciones.
En cuanto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tanto Álvarez como Balcácer resaltaron que se trata de uno de los cambios más significativos de la nueva legislación. Explicaron que, hasta ahora, las empresas enfrentaban únicamente responsabilidad civil, pero que con el nuevo código podrían ser penalmente responsables si no cuentan con programas de cumplimiento adecuados.
Álvarez señaló que implementar un plan de cumplimiento penal requiere varios meses de trabajo y que muchas empresas no están preparadas para cumplir con las nuevas exigencias.
En materia de protección de la dignidad, destacó que la reforma recalcula las figuras de difamación e injuria e incorpora la difamación extorsiva, estableciendo penas que pueden alcanzar hasta los diez años de prisión.
También diferenció entre los periodistas tradicionales, que investigan y verifican las informaciones, y quienes difunden contenidos en redes sociales sin los debidos procesos de comprobación, y a la vez advirtió que las nuevas disposiciones exigirán un mayor nivel de rigor.
Durante la conversación, ambos abogados coincidieron en que gran parte del debate público se concentró en las tres causales del aborto, dejando en segundo plano otros aspectos relevantes de la reforma penal.
Propuestas y recomendaciones
Álvarez sostuvo que el mejor momento para realizar ajustes a la ley es ahora y propuso la aprobación de una legislación especial que conceda un año adicional antes de la aplicación plena de las disposiciones más complejas.
“Yo pienso que si a mí me preguntan qué yo quisiera que sucediera, a mí me encantaría que el legislador promulgara una ley que le diera un año más de vacación al código”, expresó Álvarez.
Balcácer respaldó la propuesta y consideró que una extensión de la vacatio legis permitiría una mejor preparación institucional y empresarial para enfrentar las nuevas responsabilidades previstas en la normativa.
“Yo endoso lo que dice Francisco, un año extender a vacatio legis y en ese año aprovechar una sentencia exhortativa de la instancia constitucional para ver cómo nos salvamos”, sumó Balcácer.
Según explicaron, ese período adicional facilitaría la adecuación de estructuras corporativas, la implementación de programas de cumplimiento penal y una comprensión más profunda de las implicaciones prácticas del nuevo régimen.
Álvarez recordó que al Código Procesal Penal se le otorgó un plazo de dos años antes de su entrada en vigencia en 2002 y reiteró que la sociedad dominicana aún no está preparada para la aplicación inmediata de todas las novedades contenidas en el nuevo Código Penal.
Ambos juristas insistieron que el debate sobre posibles reformas o sobre una extensión del plazo de entrada en vigencia continuará mientras el Tribunal Constitucional conoce los recursos y observaciones presentados contra la legislación.