Santo Domingo. El pasado 8 de abril de 2025, el techo de la discoteca Jet Set colapsó dejando 236 personas fallecidas y más de 180 heridos. La tragedia ocurrió mientras el merenguero Rubby Pérez realizaba un concierto, en el que también perdió la vida.
Quince meses después de la peor tragedia ocurrida en un centro de entretenimiento en la historia reciente de República Dominicana, el caso aún no cuenta con una sentencia definitiva. Aunque el Ministerio Público presentó una acusación formal y el expediente avanzó a la etapa preliminar, el proceso continúa transitando las distintas fases que establece el Código Procesal Penal, una situación que también se ha repetido en otras tragedias colectivas registradas en el país.
El caso Jet Set no es el primero en el que la justicia dominicana enfrenta el reto de determinar responsabilidades tras una tragedia colectiva. La explosión ocurrida el 14 de agosto de 2023 en la empresa Vidal Plast, en San Cristóbal, dejó 38 personas fallecidas y decenas de heridos. Aproximadamente un año después, el Ministerio Público presentó acusación formal contra los propietarios de la empresa, señalando presuntas violaciones relacionadas con negligencia, manejo inadecuado de sustancias químicas y violaciones ambientales.
Otro caso es el de la explosión registrada el 5 de diciembre de 2018 en la fábrica Polyplas, ubicada en Villas Agrícolas, que dejó ocho personas fallecidas y más de un centenar de heridos. Al comparar estos casos con la tragedia del Jet Set, que provocó 236 fallecidos y más de 180 heridos, se observa un patrón común: investigaciones técnicas complejas, numerosos afectados y procesos judiciales que suelen extenderse durante varios años antes de que exista una decisión definitiva.
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¿Por qué estos procesos toman tanto tiempo?
La complejidad de las investigaciones relacionadas con tragedias masivas radica en que suelen involucrar numerosos querellantes, múltiples imputados, informes técnicos especializados y una gran cantidad de elementos probatorios.
En el caso del Jet Set, las autoridades realizaron estudios estructurales, entrevistas a sobrevivientes, análisis de videos de seguridad, inspecciones técnicas y peritajes de ingeniería para determinar las causas del colapso. Además, durante el proceso surgieron informes técnicos con conclusiones distintas entre la acusación y la defensa, lo que obliga al tribunal a valorar cada prueba antes de decidir si el caso debe ser enviado a juicio de fondo.
Los casos de Jet Set y la explosión de San Cristóbal evidencian que las investigaciones del Ministerio Público en tragedias de gran magnitud pueden extenderse alrededor de un año antes de la presentación de una acusación formal. Sin embargo, el proceso judicial no concluye con esa acusación. La audiencia preliminar, el juicio de fondo y los recursos previstos por la ley pueden prolongar el expediente durante varios años antes de que exista una sentencia definitiva.
Las etapas del proceso penal
De acuerdo con el Código Procesal Penal dominicano, un caso de esta naturaleza atraviesa varias fases antes de llegar a una decisión definitiva. La primera es la etapa preparatoria, en la que el Ministerio Público dirige la investigación, recopila pruebas, toma declaraciones y ordena los peritajes necesarios para determinar si existen elementos suficientes para presentar una acusación.
Si entiende que existen fundamentos, presenta la acusación formal ante el juez de la instrucción, quien celebra la audiencia preliminar para decidir si dicta un auto de apertura a juicio o un auto de no ha lugar.
Cuando el expediente es enviado a juicio, inicia el juicio de fondo, etapa en la que las partes presentan y debaten las pruebas admitidas y el tribunal dicta una sentencia de primera instancia. Contra esa decisión pueden interponerse recursos de apelación y, en los casos previstos por la ley, un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, lo que puede prolongar el proceso durante varios años.
Diferencia entre responsabilidad penal y responsabilidad civil
En tragedias como la del Jet Set suelen coexistir dos tipos de responsabilidades. La responsabilidad penal busca determinar si existieron conductas negligentes o violaciones a la ley que ameriten sanciones como prisión o multas para los responsables.
Por otro lado, la responsabilidad civil procura reparar el daño ocasionado a las víctimas mediante indemnizaciones económicas por fallecimientos, lesiones, daños morales y pérdidas materiales. Ambas responsabilidades pueden tramitarse dentro del mismo proceso judicial, aunque persiguen objetivos distintos: una busca establecer la responsabilidad penal de los imputados y la otra resarcir los daños sufridos por las víctimas.
Para los familiares de las víctimas, el paso del tiempo representa uno de los mayores desafíos. Además del duelo, muchos esperan que el proceso determine responsabilidades, establezca las sanciones correspondientes y garantice reparaciones económicas por los daños sufridos.
En la mayoría de las tragedias colectivas ocurridas en el país, las víctimas también han reclamado mayor transparencia durante las investigaciones, acceso oportuno a la información y que los casos no permanezcan indefinidamente en los tribunales.
A quince meses del colapso del Jet Set, el expediente continúa avanzando dentro de las etapas previstas por la legislación dominicana. La experiencia de procesos como la explosión de San Cristóbal y el caso Polyplas demuestra que las investigaciones de tragedias colectivas rara vez concluyen en poco tiempo. Para las familias afectadas, la espera no solo representa el transcurso de un proceso judicial, sino también la expectativa de que se establezcan responsabilidades, se impongan las sanciones correspondientes y se garantice una reparación por los daños sufridos.