Santo Domingo.- El destacado jurista Cándido Simón advirtió sobre el «caos jurídico» e institucional que se avecina en el país tras la entrada en vigencia del nuevo Código Penal sin las reformas contenidas en la Ley 44-26, debido a que esta última no ha sido publicada en la Gaceta Oficial.
De acuerdo con el profesional del derecho, las declaraciones atribuidas al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, confirman que al no haberse completado el proceso de publicación oficial mediante el Decreto 507-26, la reforma no ha cobrado efectividad legal.
En consecuencia, la norma que entra en vigor es el texto original de la Ley 74-25, desprovisto de las modificaciones aprobadas recientemente.
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Riesgo procesal en el Tribunal Constitucional
Simón explicó que esta situación genera un limbo procesal inmediato frente a las acciones de inconstitucionalidad depositadas hasta la fecha.
Advirtió que el Tribunal Constitucional (TC) podría declararlas inadmisibles por «falta de objeto», dado que en el ordenamiento jurídico dominicano no existe la figura de la acción de inconstitucionalidad preventiva y las normas impugnadas aún no están vigentes.
»El caos que se avecina es consecuencia de la improvisación y la premura al aprobar y promulgar un Código Penal, la norma más importante de la sociedad después de la Constitución, porque impacta directamente la libertad en un régimen democrático y la propiedad en el sistema capitalista», enfatizó el reconocido abogado.
Aplicación de la ley a nuevos imputados
El jurista detalló que los ciudadanos que sean procesados durante este desfase temporal serán juzgados bajo el marco legal del nuevo Código Penal sin reformar, lo que plantea serios retos en materia de debido proceso y aplicación de la ley penal en el tiempo.
Ante este panorama de incertidumbre legal, Cándido Simón recomendó cautela a la comunidad jurídica y sugirió postergar el depósito de nuevas acciones de inconstitucionalidad hasta el momento procesal oportuno, es decir, cuando las normas objeto de impugnación hayan adquirido plena vigencia legal.