
El incremento del 0.15 % al 0.20 % en el Impuesto a las Transacciones Financieras y Cheques, cuya entrada en vigencia está prevista para este viernes 3 de julio, ha generado un choque de visiones entre el Poder Ejecutivo y los gremios empresariales.
Mientras sectores comerciales, encabezados por los detallistas de combustibles (Anadegas), advierten que el alza los obligará a descontinuar el uso de tarjetas de crédito en sus establecimientos para evitar una erosión de sus márgenes de utilidad, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, desestimó que la medida comprometa la competitividad del país.
Al ser consultada, la vicemandataria sostuvo que los actores involucrados deberán alcanzar acuerdos. “Ellos tendrán que ponerse de acuerdo. No creo que esto afecte la competitividad del país; seguimos fomentando la inversión extranjera y tenemos todas las condiciones para recibir capital internacional”, manifestó Peña.
Advertencia industrial
Por su parte, la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) mantiene una postura de cautela frente al impacto de la medida en el sistema de pagos.
Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo del gremio, señaló que el incremento altera el proceso de bancarización que el país ha buscado impulsar en la última década.
“Es evidente que esto afecta la bancarización y mueve a todo un sector a manejar dinero en efectivo, con las consecuencias que eso tiene para una economía como la nuestra”, advirtió Pujols.
El representante industrial enfatizó la necesidad de una mesa de diálogo urgente entre el sector público y el privado para revisar el esquema impositivo antes de que los efectos en el comercio minorista se trasladen a otros eslabones de la cadena de suministro.
Implicaciones logísticas y de seguridad
El rechazo a la medida, que implica un 33 % de aumento sobre la tasa vigente, ha trascendido a otros gremios.
Representantes del sector transporte han alertado que la eliminación de pagos electrónicos en estaciones de servicio no solo dificultará la logística de cobro, sino que incrementará los riesgos de seguridad ciudadana al obligar a los choferes y empleados de estaciones a manejar elevadas sumas de efectivo en horario extendido.
Hasta el momento, las autoridades no han anunciado medidas de compensación o moratorias, manteniendo la fecha de aplicación del nuevo gravamen, mientras los sectores productivos aguardan una respuesta.
El objetivo es incrementar los ingresos tributarios
El aumento del 0.15% al 0.20% al impuesto a las transferencias electrónicas y cheques es parte de las disposiciones contenidas en la Ley 30-26, que modifica el Código Tributario.
Esta ley fue diseñada por el Poder Ejecutivo y aprobada por el Congreso Nacional como un plan estratégico para mejorar la sostenibilidad fiscal para afrontar la crisis financiera provocada por los efectos negativos del conflicto bélico en Medio Oriente.
